Práctica Jurídica

A lo largo del año 2008, hemos podido comprobar como el Tribunal Supremo ha querido matizar su doctrina respecto a la conexión entre...

El Estatuto del Trabajo Autónomo recoge una cuádruple posibilidad en manos de los trabajadores por cuenta propia para la defensa colectiva de sus intereses. Pero a la hora de la verdad, este abanico de opciones ni es novedoso ni amplio, queda reducido tanto en el caso de los autónomos económicamente dependientes como en el del resto.

El convenio colectivo estatutario es la fuente de derecho de mayor importancia funcional en el marco de nuestro ordenamiento laboral. La determinación de las condiciones de trabajo, viene determinada, en gran medida, por esta norma jurídica y, sin embargo, es la que quizás aporte más complejidad para su especificación. O dicho de otro modo, es frecuente la falta de datos o criterios precisos que permitan elegir el convenio colectivo aplicable a cada caso concreto. Para ello, hemos querido sintetizar los parámetros legales y las pautas a seguir para establecer una breve guía para la determinación del convenio colectivo de aplicación.

Recientemente se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Zaragoza, de fecha 11 de septiembre de 2.008, que estima la demanda interpuesta por el Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón contra la Caja de Ahorros de la Inmaculada (en adelante, CAI) declarando que la citada entidad vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades en la promoción profesional de su colectivo femenino.

Se analizan en este artículo las cuestiones relacionadas con la tutela de los trabajadores en supuestos de sucesiones internacionales de empresas ante tribunales españoles.

Recientemente se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de León, de fecha 6 de junio de 2008, en relación con el trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante, TRADE).

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ("TC") establece que la interpretación realizada por los tribunales ordinarios del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores ("ET"), en el sentido de exigir, para calificar de nulo el despido, que el empresario tuviera conocimiento del embarazo de la trabajadora, vulnera el artículo 24.1 de la Constitución Española ("CE"), en relación con el artículo 14 CE.

Después de varios años desde que la sentencia de unificación de doctrina del Tribunal Supremo ("STS") de 24 de octubre de 2001 estableciese, entre otras cuestiones relevantes en materia de "opciones sobre acciones" o "stock options", la naturaleza salarial de tales stock options susceptible de valoración a efectos de cuantificar la indemnización por despido, finalmente la STS de 3 de junio de 2008 ha unificado doctrina en cuanto al modo de llevar a cabo tal valoración para el cálculo de la indemnización por despido.

Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2007 y de 29 de mayo de 2008. Marta Navarro, abogada de Uría Menéndez