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Miquel Martín-Casals, Presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Valoración de Daños y Perjuicios causados por Accidentes de Tráfico y Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona

“El futuro baremo busca clarificar los conceptos indemnizables, porque el actual es muy opaco”

24 de Febrero de 2014

Los profesionales relacionados con el sector de los seguros y de la responsabilidad civil están muy pendientes de conocer los detalles de la modificación del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, más conocido como El Baremo. Su redacción fue encomendada a una Comisión de Expertos que, en breve, entregará el texto articulado. Al frente de dicha Comisión se encuentra el catedrático de Derecho Civil por la Universidad de Girona, Miquel Martín-Casals. Nadie mejor que él para informarnos de algunas de las principales novedades de la norma.

  • "Es previsible que hacia Semana Santa entreguemos el texto articulado a la Dirección General de Seguros"
  • "Se sustituye el sistema actual de lucro cesante por otro de multiplicando y multiplicador"
  • “El sistema vigente es muy defectuoso en lo que se refiere a la valoración del daño patrimonial”
  • “La regulación del llamado ‘latigazo vertical’ está siendo uno de los aspectos litigiosos más difíciles”
Carlos Balanza Nájera,
Licenciado en Periodismo y Derecho
Master en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional

La primera pregunta es obligada: ¿arrancará en 2014 la reforma del baremo de autos?

Sí, es previsible que poco antes o poco después de Semana Santa la Comisión -denominada ahora Grupo de Trabajo- entregue el texto articulado terminado a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones y que a partir de ahí se inicie la tramitación.

La Orden Acordada, de fecha 12 de julio de 2011, establecía el plazo de un año para que la Comisión entregara el informe final a los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia. ¿A qué se debe la demora?

Se debe, depende como se mire, o bien a que las previsiones de la Orden Acordada eran poco realistas, o bien a que la Comisión ha tomado su trabajo con un exceso de celo. Cuando se hizo la Orden Acordada la Comisión ya llevaba trabajando casi un año, y en el plazo que se añadía se podía haber hecho un informe de carácter general, con observaciones y recomendaciones. La Comisión optó desde un principio por intentar hacer algo más ambicioso: un texto articulado llave en mano y consensuado por todos los sectores implicados. Eso es mucho más difícil, requiere mucho diálogo, una paciencia casi infinita y, sobre todo, mucho tiempo. Eso es lo que al final se ha hecho.

¿En qué medida el nuevo baremo vendrá a reforzar y garantizar la protección a las víctimas?

El baremo actual es muy opaco. Muchas veces no se sabe qué paga ni por qué se paga. La propuesta intenta clarificar los conceptos perjudiciales indemnizables, separando claramente aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales, y establece bases de cálculo más racionales. Todo ello contribuye a la transparencia y a la seguridad jurídica, y eso es algo esencial para garantizar la protección de las víctimas. También se plantea con más detalle cuáles pueden ser las necesidades de víctimas y perjudicados tras un accidente de circulación y pone los medios para atenderlas.

¿Cuáles son los aspectos de la vigente norma, de 1995, que habían quedado ampliamente superados?

El sistema vigente es muy defectuoso en lo que se refiere a la valoración del daño patrimonial, pero no sólo en relación al lucro cesante, como habitualmente se ha dicho, sino también en lo que respecta a los gastos. Algunos gastos se mencionan expresamente, mientras que otros, o no se mencionan o, como en el caso de los gastos médicos futuros, han desaparecido de modo vergonzante en una enmienda presentada a última hora en la reforma de 2007. La propuesta detalla los distintos conceptos de gastos y el modo de valorarlos y, por ejemplo, reintroduce la indemnización de gastos médicos futuros, establece la obligación de resarcir el importe de las prótesis que precise el lesionado a lo largo de toda su vida, y no sólo de la primera, como en la actualidad; prevé la obligación de resarcir los gastos de ayuda de tercera persona en el caso de grandes lesionados en función de criterios que valoran el grado de necesidad de dicha ayuda, y no, como en la actualidad, en función de un tope dinerario; prevé los gastos de rehabilitación, domiciliaria y ambulatoria; de ayudas técnicas; de adecuación del vehículo, que ahora se clarifica y, para los lesionados que no disponen de vehículo o que prefieren prescindir de él en el futuro, se permite desvincular del vehículo mediante el concepto alternativo de "perjuicio patrimonial por el incremento de costes de movilidad".

¿Y con relación al lucro cesante?

Respecto del lucro cesante, se sustituye el sistema actual en el que se configura fundamentalmente como un "factor de corrección económico", por un sistema de multiplicando y multiplicador. La idea actual del factor corrección consiste en aplicar a las indemnizaciones básicas un determinado porcentaje de incremento en función de los ingresos de la víctima fallecida o lesionada; es irracional porque no existe una correlación ni lógica ni matemática entre el importe de ese perjuicio básico y cuál deba ser el importe del perjuicio patrimonial existente. La propuesta, en cambio, parte de los ingresos netos de la víctima (multiplicando) a los que se aplican un coeficiente (multiplicador) que tiene en cuenta una serie de elementos que sí son relevante para la cuantificación como, por ejemplo, la previsible duración del perjuicio, la edad del perjudicado, la tasa de descuento del anticipo, la percepción de pensiones públicas, etc. Además se indemniza de manera sustancial la pérdida de la capacidad de trabajo de aquellas personas que no obtienen ingresos, sea por dedicarse a las tareas del hogar de la unidad familiar, sea por no haber accedido todavía al mercado laboral y no con un máximo de "hasta un 10%" del perjuicio básico como en la actualidad.

¿Cuáles están siendo los principales aspectos litigiosos sobre los que está resultando más difícil llegar a un consenso en la propuesta del baremo?

Sin lugar a dudas, la regulación de la indemnización del llamado "latigazo cervical", punto en el que se tenía que encontrar un equilibrio entre la necesidad de indemnizar unas lesiones reales pero difícilmente demostrables y la de atajar los abusos que tal dificultad puede dar lugar. Finalmente se ha llegado a una redacción transaccional, que no satisface plenamente a nadie y que, tal vez por ello, sea la mejor posible en estos momentos.

Un catedrático al frente de una comisión integrada por un fiscal, un magistrado, un abogado, profesionales del sector... ¿demasiados puntos de vista o, por el contrario, echan en falta otras voces?

El funcionamiento del Grupo de Trabajo presenta una especial dificultad por su carácter mixto de grupo de expertos y de grupo de intereses. En la mesa de trabajo están no solo expertos, sino representantes de los principales sectores afectados, entre los que deben destacarse, de modo especial, las Asociaciones de Víctimas, UNESPA y el Consorcio de Compensación de Seguros. Por otra parte, varias veces al año el Grupo de Trabajo rinde cuentas a un Grupo Consultivo mucho más amplio, en el que están representados otros colectivos. Por lo tanto, creo que, en un lugar u otro, voces no faltan; respecto a los puntos de vista, nunca pueden ser demasiados, ya que se trata de recoger todas las perspectivas de una realidad muy poliédrica.

¿Cree usted que el texto que se entregará a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones será objeto de cambios muy sustanciales durante su tramitación parlamentaria?

Todos los miembros del Grupo de Trabajo confiamos en que los cambios sean mínimos. En primer lugar, porque las soluciones que se han plasmado en el texto reflejan un consenso que ha sido muy difícil de alcanzar. En segundo lugar, porque no se trata de un texto que se presente sin saber cuáles van a ser sus consecuencias; se ha realizado un importantísimo estudio sobre su previsible impacto económico, tomando como base los costes de más de un millón y medio de accidentes producidos en los últimos diez años que representan más de un sesenta por ciento del total, y por ello se sabe que el sistema que se propone es viable. Finalmente, porque se ha pretendido que el texto que se presenta responda a un sistema coherente que incluya las bases a través de las cuales se pueda ir ajustando a la realidad y perfeccionado en el futuro y, por ello, cualquier cambio que no respete esas características podría desequilibrar el sistema que se propone y dar al traste con todo el trabajo hecho.

Desde la doble óptica personal y profesional, ¿qué está suponiendo para usted estar al frente de la comisión?

Si me permite que le conteste con sinceridad, un desgaste personal muy considerable y, en lo profesional, unos costes de oportunidad prohibitivos. Aunque tengo una larga experiencia en participar, e incluso en presidir, grupos de trabajo pre-legislativos en los que están presentes posiciones e intereses contrapuestos, la tarea ha sido más dura de lo habitual, tal vez por la tradicional polarización en este sector, que hasta esta reforma no había conseguido sentar víctimas y aseguradoras a la misma mesa. Además, inicialmente mi compromiso era para un solo año y llevamos casi cuatro. En lo profesional, dejando de lado que se trata de un trabajo por el que no se percibe ninguna remuneración, me ha obligado a aplazar trabajos que tenía previstos, dejar de lado proyectos y reducir drásticamente la participación en grupos académicos internacionales en los que me había costado muchos años hacerme una posición. Esperemos que el resultado no desmerezca el esfuerzo, no solo mío sino de todos los miembros de la Comisión.

Miquel Martín-Casals (La Garriga, Barcelona, 1955), es Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona y director del Instituto de Derecho privado europeo y comparado de dicha universidad. Se  doctoró, con premio extraordinario, en 1984. Ha formado parte del Grupo Busnelli-Lucas sobre estudio del Daño corporal y del equipo de dirección del "Projecto sobre Desarrollo Jurídico en Europa" de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Es miembro de la Comisión de redacción de los llamados "Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil" (PETL). También forma parte del grupo de trabajo para la reforma de la responsabilidad civil del PEOPIL (Pan European Personal Injury Lawyers) y es socio honorario de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro y Promotor, desde 2006, de la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC). En 2009 fue elegido miembro del American Law Institute (ALI). Durante años ha colaborado con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. En 1999 fue corredactor del primer borrador de lo que después fue Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar de Cataluña, vigente hasta el 19 de agosto de 2009. En 2010 fue nombrado miembro del grupo reducido que, por encargo de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones analiza la reforma del sistema de valoración del daño corporal o "baremo" y en marzo de 2011, al oficializarse este grupo de trabajo, fue nombrado Presidente de la Comisión de Expertos sobre la modificación del "Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación".

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