"Para un juez, trabajar más allá de lo exigible en cantidad y calidad suele ser un reto exclusivamente personal" "El procedimiento disciplinario incoado a Rafael Tirado acabará demostrando que no existen razones para considerarle merecedor de una sanción por falta muy grave de desatención" "La Asociación Profesional de la Magistratura no mantiene ninguna posición gremial" "Actuar impulsivamente o con una razón disminuida o anulada por la emoción cuando se trata de definir lo penalmente relevante o de determinar el contenido y alcance de las sanciones o medidas penales resulta, incluso en las situaciones más trágicas y que generan más conmoción o indignación, extraordinariamente irresponsable, y así debo proclamarlo, por muy impopular que resulte"
Asturiano de nacimiento, Antonio García Martínez reside en el País Vasco desde 1975. Ingresó por oposición libre en la carrera judicial en 1989. Tras haber servido como Juez en Mieres y Guecho y como Magistrado en el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Bilbao y en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, actualmente ocupa la plaza de Magistrado en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, de cuya Sala de Gobierno es miembro con la condición de electo. Está integrado en la Asociación Profesional de la Magistratura desde 1991, y en ella ha desempeñado el cargo de Presidente de la Sección Territorial del País Vasco. También ha formado parte de su Ejecutiva Nacional. En noviembre de 2005 fue designado Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, tarea que viene ejerciendo desde entonces.
Existen casos, como el del siniestro asesinato de la niña Mari Luz Reyes, donde los medios de comunicación trasmiten -como es su obligación- la indignación popular. Inmediatamente después, los políticos y los líderes de opinión retoman temas como el endurecimiento de penas, los registros telemáticos de delincuentes y otras medidas más o menos afortunadas. Cuando surgen estos sucesos, la gran mayoría de los representantes del gremio judicial abogan por no legislar en "caliente". Pero pasado un tiempo las cosas se "enfrían" y las reformas no llegan. ¿Cuál considera usted que es la salida a este dilema?
Son quienes tienen constitucionalmente atribuida la potestad e iniciativa legislativa los que deben explicar por qué no promueven o impulsan reformas que, según parece sugerir la pregunta, son objeto de una demanda social generalizada. A los jueces lo que nos corresponde es el ejercicio de la potestad jurisdiccional -juzgar y hacer ejecutar lo juzgado- con pleno sometimiento a la Ley. Y la Ley, mientras permanece en vigor, conserva su eficacia y debe ser objeto de aplicación, nos guste su contenido o no. La función legislativa tiene una extraordinaria importancia y su ejercicio exige altas dosis de responsabilidad. Actuar impulsivamente o con una razón disminuida o anulada por la emoción cuando se trata de definir lo penalmente relevante o de determinar el contenido y alcance de las sanciones o medidas penales resulta, incluso en las situaciones más trágicas y que generan más conmoción o indignación, extraordinariamente irresponsable, y así debo proclamarlo, por muy impopular que resulte.
El 9 de abril la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la cual es usted portavoz, publicó una extensa nota informativa (de la que salió un posterior comunicado) en la que ustedes apuntan a la falta de medios como la razón que explica los clamorosos fallos en la administración de justicia. ¿No cree que también hace falta un poco de autocrítica por parte del los jueces?
Puede que el juicio crítico que realizamos los jueces sobre nuestras propias acciones o comportamientos no alcance el nivel esperado o deseado por los ciudadanos, pero dudo mucho que la intensidad de la autocrítica resulte de inferiores proporciones a la realizada en el seno de otros colectivos profesionales. Podrá faltar un "mucho" de autocrítica, pero no, desde luego, el "poco" al que se refiere la pregunta, presente de forma general en el colectivo judicial. Sea como fuere, ya he dicho, y reitero ahora, que la saturación, las disfuncionalidades, la descoordinación -cuando no desorganización-, las carencias de todo tipo y la obsolescencia en los medios, son características predicables y definitorias del estado que presentan en la actualidad una gran parte de los órganos judiciales del país y que esta falta de modernidad y puesta al día de la organización judicial repercute muy negativamente en la prestación del servicio público de la Justicia.
Ya en el comunicado, firmado por usted mismo, dice en uno de sus apartes: "….obligados (los jueces) a desarrollar constantes sobreesfuerzos sin estímulo ni reconocimiento alguno". ¿A qué se refiere exactamente? Y, en su opinión, ¿qué herramientas les hacen falta a los jueces para sentirse más cómodos en su labor?
Me refiero a que los esfuerzos extraordinarios y adicionales que tan a menudo desarrollan los Jueces, fundamentalmente, aunque no sólo, para despachar con acierto y en el menor tiempo posible el ingente número de asuntos sometidos a su conocimiento, carecen de premio o de reconocimiento. Para que se me entienda bien esta vez, la relación -natural cuando del ejercicio de una profesión se trata- a más trabajo hecho y mejor hecho mayor retribución, o mayores posibilidades de promoción, o, cuando menos, cierto prestigio y consideración, es lo cierto y verdad que no caracteriza hoy en día el ejercicio de la profesión judicial. Para un juez, trabajar más allá de lo exigible en cantidad y calidad suele ser un reto exclusivamente personal y desligado de toda contrapartida que, como bien se puede imaginar cualquier persona razonable, resulta muy difícil que se mantenga vigente a lo largo de toda una vida profesional. Los jueces tenemos un plus ético y de responsabilidad y lo sabemos, pero lo que no se puede olvidar es que somos, antes que nada y sobre todo, personas de carne y hueso, como todas las demás.
En la nota informativa, la asociación toma posición ante las presuntas irregularidades en las que el Juez Rafael Tirado hubiera podido incurrir en el caso del la niña Mari Luz Reyes. En el texto se rechaza enérgicamente la sentencia condenatoria que los medios de comunicación, en opinión de la asociación, le han impuesto al Juez Tirado. Lo curioso es que en el comunicado posterior, APM sale en defensa del letrado aduciendo falta de argumentos para imponerle al Juez una sanción por falta muy grave. ¿No cree que existe una contradicción en esta postura? ¿Por qué APM puede salir a en defensa del juez y los medios de comunicación no pueden expresar su opinión contraria? ¿No sería más ecuánime esperar a que Comisión Disciplinaria del CGPJ se pronuncie?
Se equivoca de parte a parte quien piense que en este desgraciado y trágico asunto la Asociación Profesional de la Magistratura ha actuado de forma corporativista o contradictoria. En relación con las responsabilidades dijimos, desde el primer momento, que en lo concerniente a la actuación del Juez era el Consejo General del Poder Judicial el que definitivamente debía determinar, en el seno de un procedimiento disciplinario, si había existido o no alguna por su parte, calificando y sancionando, en la medida correspondiente y llegado el caso, aquélla en la que hubiera podido incurrir. Lo que no impide que nuestra Asociación tenga opinión al respecto y mucho menos que la haga pública, como ha sido el caso, exponiendo y dando a conocer, de forma respetuosa, argumentada y sobre la base del marco de referencias legales aplicables al respecto, los motivos por los cuales consideramos que el Juez no incurrió en una falta muy grave, por desatención. Y en cuanto a la actuación de algunos medios de comunicación diré que nos hemos limitado a criticar los juicios de culpabilidad anticipados que han pisoteado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del Juez y eran resultado de discursos puramente narrativos, populistas y carentes de la más mínima fundamentación jurídica. Y diré más, lo seguiremos haciendo cuantas veces resulte necesario, pues estamos convencidos de que la opinión pública de una sociedad democrática, libre y plural se forma sobre la base de una información veraz y una opinión serena, responsable y mínimamente argumentada, y de que la pseudoinformación y la opinión puramente narrativa y denigratoria amén de incompatibles con la ética y la buena praxis informativa, tan sólo sirven para generar descrédito, crispación y desconfianza.
Sabemos que APM es una organización dedicada a dar voz a los magistrados, pero, ¿no cree que una posición menos gremial de parte de APM sería más provechosa para encarar la crisis de la justicia?
La Asociación Profesional de la Magistratura no mantiene ninguna posición gremial, al menos en el mal sentido de gremial que evidentemente subyace, no sé muy bien por qué razones, en la pregunta que se me formula.
Después de conocidas la nota informativa y la nota de presa, la APM redactó un informe sobre la responsabilidad de los Jueces en la ejecución de sentencias. En este texto ustedes van un poco más lejos: acusan al CGPJ de incoar dicho proceso disciplinario por consideraciones más mediáticas que jurídicas. ¿No cree que un proceso, con todas las garantías procesales, es el mejor escenario para reivindicar el prestigio del Juez, Rafael Tirado Marques, ante la opinión pública que hoy lo condena? ¿Para la APM no sería un éxito poder transmitir a los ciudadanos el mensaje de que de los integrantes de la Carrera Judicial están maniatados y que en muchos casos son usados como chivos expiatorios?
En el informe se exponen, de forma jurídicamente argumentada y perfectamente inteligible para cualquiera que se tome la molestia de leerlo, las razones que explican, con la Ley y sólo con la Ley en la mano, por qué el Juez concernido no incurrió en la falta muy grave de desatención por la que se ha incoado el expediente disciplinario. Y tales razones son a nuestro juicio tan consistentes y fundadas, desde el punto de vista legal, que precisamente por eso vuelvo a repetir ahora que estamos persuadidos, atendido el marco de referencias legales aplicable al respecto, de que el procedimiento disciplinario incoado a Rafael Tirado acabará demostrando que no existen razones para considerarle merecedor de una sanción por falta muy grave de desatención.
Si el CGPJ sobresee del expediente disciplinario, ¿no cree que se dará la impresión de que, una vez más, un "tecnicismo" legal impidió la correcta administración de Justicia?
A la vista del sentido de la "pregunta", que, respondiéndose a sí misma, bien a las claras sugiere que tan sólo se administrará una correcta Justicia si se sanciona al Juez y que tan sólo un tecnicismo legal impedirá que así ocurra, creo lo mejor, dando por reiterado todo lo anterior, abstenerme de más comentario.
