Incluye la sentencia.
Desde el inicio de la crisis económica en nuestro país se han acometido importantes reformas que afectan a todos los sectores para evitar ser rescatados como Portugal o Grecia, sin embargo tras siete años consecutivos de reducción drástica del gasto público observamos con desazón cómo otras economías emergen mientras el ciclo para nosotros parece no tener fin. Muchas son las teorías sobre el origen y las fórmulas para terminar con nuestro mal endémico: la altísima, insoportable tasa de desempleo y la necesidad de cambiar a fondo el modelo productivo de nuestro país. Ahora, más que nunca el debate se centra en la supervivencia del sistema liberal como única garantía de progreso de la sociedad, frente a quienes creen que dicho sistema ha quedado obsoleto y es el momento actual, precisamente, el más idóneo para aplicar políticas propias de la socialdemocracia más avanzada.
Vivimos en el peor momento de los últimos decenios y el contexto sigue siendo muy complicado, desde Bruselas se mantienen inflexibles en los márgenes de deuda y en los tiempos de su cumplimiento, el objetivo de déficit se torna obsesivo para cualquier gobierno, de hecho es la única prioridad nacional, los recortes salariales, las ayudas sociales, las pensiones se están viendo afectadas cada día más, la altísima fiscalidad azota a las clases medias, que cargan a sus espaldas con todo el peso de la crisis. Ante un panorama en el que los recortes en todas las administraciones parecen no tener límite, veíamos cómo derechos sociales elementales que habían costado años en conseguir se estaban restringiendo hasta unos niveles insoportables. El equilibrio entre la necesaria contención del gasto y la conservación de las conquistas sociales del estado del bienestar se estaba resquebrajando, pero hay esperanza, parece ser que se abre una nueva vía y la respuesta viene desde los tribunales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha declarado nulas las órdenes de la Junta del día 20 de agosto de 2012, por las que regulaba las plantillas de funcionarios y de personal sanitario, veterinario y de farmacia de la administración regional. La sentencia dio la razón a UGT y al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla- La Mancha, anulando la decisión del gobierno de suprimir 700 empleos públicos. En la resolución se argumenta que la Junta "violó el derecho a la libertad sindical consagrado en el artículo 28 de la Constitución Española" porque no hubo una "negociación real" en la mesa de negociaciones. Se dice en concreto que "Teniendo en cuenta la entidad de los acuerdos que suponían suprimir 700 plazas de funcionario, concluye el Ministerio Fiscal, el comportamiento de la Administración de provocar unilateralmente el cierre de la negociación después de una sola reunión de la Mesa Sectorial, la ausencia de toda formalidad posterior para resolver el conflicto y la inmediata publicación y entrada en vigor de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que debían haber sido objeto de negociación, constituyen elementos valorativos suficientes para apreciar una conducta antisindical". Se entiende vulnerados los artículos 2.2 de la Ley Orgánica 11/1985, 31.1 de la Ley 7/2007 y 146, 147.1 y 152.2 de la Ley 4/2011, se invoca asimismo el Fundamentos Jurídicos Sexto, Séptimo y Octavo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/00, que resaltan "La incorrección de la actuación empresarial enjuiciada se infiere de las circunstancias concurrentes en el caso, que configuran un panorama de indicios contrarios a la libertad sindical que no ha sido resuelto adecuadamente en las sentencias impugnadas". El fallo destaca que "los trabajadores tendrán que volver a sus puestos con reconocimiento de sus derechos profesionales y económicos".
El resultado de este largo proceso ha venido a coincidir en el tiempo con la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión de la privatización sanitaria, como medida cautelar para evitar "perjuicios de imposible reparación". El debate en el ámbito político y social en Madrid se centraba en la vulneración de los derechos de los sanitarios con la privatización del servicio y quienes sostienen que deben adoptarse medidas de carácter técnico para mejorar el servicio, es decir, la llamada "externalización" de la sanidad afecta a los criterios de dirección pero no supone una merma en los derechos de los trabajadores ni en la atención a los enfermos. Todavía no hay un pronunciamiento de fondo, pero esa medida cautelar supone un serio correctivo a las decisiones adoptadas desde la Consejería de Sanidad.
Estamos ante dos claros ejemplos de una batalla legal que se está librando de largo recorrido que afecta también a otros ámbitos, como la educación (movilizaciones de plataformas ciudadanas de padres y profesores), las iniciativas que se han llevado a cabo para frenar los desahucios, también desde los tribunales, o las que se dan en el ámbito de la Administración de Justicia. En este sentido, se han tomado decisiones duramente criticadas por todos los sectores implicados, unos se excusan en que en tiempos de crisis el gasto ha de ser mínimo y la profesionalización, total, pero la mayoría cree que se van a colapsar aún más los juzgados demorándose los procesos en exceso. No hay nadie que no se haya visto afectado, se congelaron las oposiciones a jueces y fiscales en 2012, reduciéndose las plazas en 2013 y 2014, se defiende a un cuerpo de opositores, pero a quienes llevan años estudiando no se les incentiva ni se les da una salida alternativa. Se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial por L.O 8/2012 convirtiendo la imprescindible figura del juez sustituto, fundamental porque dictaban el 30% de las sentencias, en algo tan excepcional que 1.500 profesionales se encuentran sin posibilidad de trabajar en ninguna otra ocupación, dada las incompatibilidades del artículo 395 LOPJ. En la abogacía, las altísimas tasas que se extienden a las personas físicas en casi todas las ramas del derecho hacen que apenas se pueda litigar y muchos despachos han tenido que cerrar. La reforma laboral, como se aventuraba, ha supuesto un incremento sustancial de demandas y los juzgados de lo social no dan abasto, con señalamientos para más allá de 2007. Tampoco se libran los llamados abogados sin toga, graduados en Derecho que han cursado el máster en Abogacía, pero el Ministerio de Justicia no ha convocado aún el examen que les permitiría colegiarse y trabajar, es un colectivo de 600 afectados.
También en la Administración de Justicia la respuesta vendrá de los tribunales, seguramente desde las instancias comunitarias, porque se hará inevitable que observadores investiguen sobre la situación de nuestros tribunales y de todas las deficiencias del sector. No olvidemos, por ejemplo que, en lo que atañe a los funcionarios de justicia interinos, les es de aplicación el régimen de la Directiva 1999/70 y, respecto a los jueces sustitutos y magistrados suplentes se les denomina jueces eventuales o jueces profesionales ocasionales, como destaca el artículo 7.3, cuando hacen funciones de refuerzo se les ofrece la posibilidad de que se conviertan en juez a tiempo indefinido o completo. Según se define en la Directiva son profesionales del derecho con experiencia, amplia formación jurídica y formación específica antes del ejercicio de la función jurisdiccional.
La experiencia nos dice que las transformaciones a fondo del sistema sólo perduran en el tiempo cuando hay un alto nivel de consenso, por mucha legitimidad parlamentaria que haya o por muy nobles que sean los objetivos, los cambios radicales pueden ocasionar, como se está viendo graves perjuicios en la ciudadanía, de muy difícil reparación o de carácter irreversible, pero las instancias judiciales siempre son las que dan acertada respuesta a la interpretación de la ley en las cuestiones que se suscitan.
Lo ocurrido en Madrid y Castilla-La Mancha nos hace ser optimistas, es un ejemplo más de que se pueden cambiar las cosas ante tanta frustración en la durísima coyuntura que estamos viviendo. Debemos por tanto, congratularnos de que existan instrumentos eficaces que pongan fin a una situación de indefensión cuando las reformas liberales de los poderes públicos restringen notoriamente las libertades de los ciudadanos.
