- Los retos regulatorios exigen una respuesta jurídica ágil y trabajar en equipo con otras disciplinas
Esta entrevista ha sido publicada en el número 1027 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), registrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
AUDAX ha presentado su Plan Estratégico 2026-2030 con objetivos ambiciosos de crecimiento. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué implica un plan de esta envergadura?
Desde el departamento legal, un plan estratégico de estas características y envergadura lo vemos como un plan de compromisos jurídicos y por lo tanto de un reto. Fijar los objetivos de crecimiento a cinco años implica gestionar de forma simultánea la estructuración de proyectos, negociación de PPAs, cumplimiento del marco normativo en constante cambio…Todo esto exige que, en la práctica, el departamento jurídico se convierta en parte de esa estrategia.
Como Head of Legal, ¿cuál considera que es su principal responsabilidad en este nuevo ciclo estratégico?
Anticiparme. Conseguir que el departamento jurídico sea un activo más de la compañía: que hable el mismo idioma que el negocio y que aporte soluciones. En un sector como el energético, la diferencia entre una operación que llegue al éxito o que se vea paralizada, puede verse en haber previsto o no un cambio normativo. Es imprescindible intentar entender hacia dónde va el legislador, y eso solo lo puedes conseguir (y aun así, en muchas ocasiones es complicado) entendiendo el negocio y el sector, y estudiando desde hace años los pequeños cambios normativos que se han ido haciendo progresivamente.
La transición energética está acelerando cambios normativos constantes. ¿Está preparado el marco regulatorio actual para acompañar ese ritmo de transformación?
No siempre, o no al menos a la velocidad esperada. En España disponemos de un importante marco normativo en el sector energético, pero considero que existe una brecha entre «a lo que se quiere llegar» a nivel de política energética y la capacidad del sector para ello, empezando por la capacidad de las Administraciones Públicas. Un ejemplo claro son los plazos de tramitación de proyectos renovables. En muchas ocasiones se acumulan expedientes por falta de capacidad por parte de los organismos y lleva a retrasos y otras problemáticas. Es necesario que la administración pública esté a la altura de las exigencias del sector.
¿Existe hoy suficiente seguridad jurídica para la inversión en renovables?
En los últimos años podríamos decir que el marco regulatorio en España dentro del sector ha mejorado, pero venimos de precedentes regulatorios muy importantes, y considero que vamos con retraso a nivel regulatorio. Es decir, vamos por detrás de los avances tecnológicos y las necesidades, por lo que en muchísimas ocasiones estamos ante una falta de coherencia entre lo legislado y lo que realmente se aplica o necesita. Un ejemplo de ello es la falta de regulación o al menos un desarrollo de la que existe actualmente, sobre el almacenamiento o los nuevos centros de datos. Desde Audax, nuestro objetivo es construir estructuras jurídicas robustas que nos permitan tener cierta flexibilidad y no depender de que el marco regulatorio siempre vaya a nuestro favor.
¿Qué competencias necesita hoy un abogado in-house en este sector?
No es un perfil sencillo, simplemente por el hecho de que el sector no lo es. Se requiere un dominio simultáneo tanto de derecho administrativo propio del sector como de derecho mercantil y contractual. De todas formas, lo que cada vez estoy más convencida es que un abogado in-house, sea del sector que sea, necesita entender el negocio, necesita saber valorar lo que el impacto de su decisión a nivel legal puede conllevar.
Si tuviera que señalar una cuestión clave, ¿cuál cree que será el gran desafío jurídico del sector energético en 2026?
Sin duda alguna el año 2026 es un año cargado de retos normativos de gran calado, y si tuviera que quedarme con un desafío, por el momento, es la adaptación al nuevo Real Decreto-ley 88/2026, que introduce cambios muy relevantes en la regulación del sector y nos obliga a las compañías a revisar sus estructuras operativas y contractuales en plazos muy ajustados en el tiempo, lo que genera un gran reto pues se tiene que interpretar, adaptar y ejecutar casi de forma simultánea. También podría incluir dentro de estos retos la nueva Ley de Atención a la Clientela, que, aunque bien es cierto que no solo afecta a nuestro sector, también afecta a nuestro día a día.
Estos retos regulatorios en el sector normalmente exigen una respuesta jurídica ágil además de trabajar con el resto de los equipos de la compañía codo con codo (operaciones, área comercial, atención al cliente…). Tenemos que conseguir que ese cumplimiento sea real y se adapte.
Por último y mirando al futuro, a cinco años vista, ¿qué cambio jurídico cree que marcará realmente la diferencia en el sector energético?
No es una pregunta sencilla, pero diría que las comunidades energéticas o el autoconsumo colectivo. Llevamos años hablando de estos conceptos y, de hecho, en muchos países de nuestro entorno ya no lo tratan como ninguna novedad, sino que es su día a día desde hace años. Pero creo que su implementación en España cambiaría muchos aspectos y sobre todo la figura del comercializador, del productor y del consumidor. Los roles se verán afectados técnicamente y, por ende, la normativa se deberá de adaptar. La Unión Europea ya ha empezado a incluir algunos aspectos normativos en este sentido, pero es necesario su desarrollo e implementación.
