La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunió ayer para estudiar el recurso presentado por el dirigente opositor ecuatoguineano Severo Moto contra la retirada de su estatus de asilo político, que el Consejo de Ministros decretó el pasado 10 de enero de 2006, informaron ayer fuentes del alto tribunal.
El dictamen del Supremo, por el que se decidirá si España renueva o retira definitivamente el asilo político al líder opositor de Guinea Ecuatorial, se dará a conocer en los próximos días, según indicaron las citadas fuentes.
La deliberación se produce después de que en julio de 2006 los integrantes de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordaran la suspensión cautelar de la medida adoptada por el Gobierno español hasta no resolver el recurso planteado por Moto, tal y como solicitó su defensa.
Argumentos contrapuestos
El Supremo celebró una vista el 19 de julio de 2006 en la que la Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo español, y la representación de la República de Guinea Ecuatorial coincidieron en pedir al tribunal que levantara la suspensión cautelar, mientras que la defensa de Moto pidió que se mantuviera para evitar su expulsión a Guinea, que supondría, en su opinión, su pena de muerte.
Durante la vista, el abogado del Estado recordó que el Consejo de Ministros decidió revocar la concesión de asilo de la que Moto disfrutaba desde marzo de 1986, al entender que había incumplido las obligaciones que dicho estatus conlleva, por haber contribuido a la preparación de un golpe contra el régimen guineano, con lo que había puesto "en grave peligro los intereses generales de España".
Como prueba de las intenciones golpistas de Moto, el abogado del Estado ofreció dos informes, uno de la Comisaría General de Información y otro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los que consta que Moto realizó "actos fundamentales" para reclutar mercenarios y comprar armas con las que intentar derrocar el régimen de Teodoro Obiang. Además, insistió en que aunque se confirme la pérdida del estatus, ello no implica que Moto sea expulsado a Guinea, sino que lo sería a un tercer país.
La representación de Guinea Ecuatorial, tras recordar que en febrero de 2006 pidió a España la extradición del líder opositor, utilizó un argumento similar al afirmar que "no es matemática la revocación del asilo y la expulsión", porque lo único que significa el primer concepto es que pierde los beneficios que conlleva el estatus.
"Riesgo de muerte"
Por su parte, el abogado de Moto, Francisco Fernández Goberna, insistió en que la retirada de la suspensión supone la pérdida de la condición de asilado y ello implica el riesgo que corre de ser asesinado, como, según él, se intentó hacer recientemente en Alcorcón (Madrid) con dos de sus colaboradores.
Fernández Goberna negó que Moto hubiera querido preparar un golpe de Estado contra Guinea y mencionó una conversación entre un diplomático estadounidense y el opositor ecuatoguineano, en la que le anunció que si es expulsado a Guinea sería asesinado. Además, recordó que durante un viaje a Croacia, Moto fue advertido por los servicios secretos de aquel país que los de España iban a matarle.
