Se acusa a empresas norteamericanas de complicidad con el régimen de segregación racial que imperaba en Sudáfrica. La Casa Blanca y hasta el propio Gobierno sudafricano han pedido a los nueve magistrados del Supremo que desoigan las exigencias de los demandantes.
El Tribunal Supremo de EEUU dio luz verde, el pasado 12 de mayo, a una controvertida demanda presentada por un multitudinario grupo de ciudadanos sudafricanos contra el gobierno estadounidense y algunas empresas norteamericanas. Se trata de una acción judicial presentada por víctimas de apartheid sudafricano. Acusan a los demandados de haber colaborado con las autoridades del país africano en la mantención del sistema político de discriminación racial imperante hasta 1983.
La petición de revisión, presentada por el Tribunal de Apelaciones del segundo Circuito ante la más alta instancia federal, tuvo por objeto dirimir la competencia de los juzgados federales americanos para conocer el caso American Isuzu Motors v. Ntsebeza, al amparo de la Ley de Reclamación de Extranjeros por Daños y Perjuicios de 1789 (Alien Tort Claims Act of 1789 o "ATCA"). Dicha norma ha originado, en años recientes, un importante auge de demandas ante la justicia norteamericana. Esta ley permite que ciudadanos extranjeros que buscan reparación por violaciones al Derecho internacional, incluyendo abusos a los derechos humanos, puedan reclamar daños y perjuicios ante un tribunal federal de los Estados Unidos contra el autor del daño, independientemente de la nacionalidad del demandado e incluso si el acto ilícito ha tenido lugar fuera de los Estados Unidos.
El mencionado Tribunal de Apelaciones decidió, en 2007, que la justicia americana es competente para pronunciarse sobre esta causa. Luego permitió elevar una súplica ante el Supremo para que éste confirmase, o no, la validez de su fallo. En esta ocasión, la Casa Blanca, las empresas involucradas en el juicio y hasta el propio gobierno sudafricano han pedido a los nueve magistrados del Supremo que desoiga las exigencias de los demandantes e invalide el fallo de los jueces del Segundo Circuito.
La polvareda se ha levantado sobre este asunto porque los magistrados del Supremo no se pronunciaron de manera expresa sobre la cuestión. La decisión del tribunal inferior fue aprobada porque no se reunió el quórum suficiente ya que cuatro de los nueve altos magistrados se rehusaron a participar. La legislación norteamericana exige la presencia de un mínimo de seis jueces para decidir este tipo de asuntos. Si no se cumple con la norma, la sentencia del tribunal inferior queda automáticamente validada. Los magistrados señalaron como excusa el hecho de poseer intereses en el paquete de accionarios de algunas de las empresas involucradas.
Se trata de un proceso que puede tener repercusiones enormes. Los ciudadanos surafricanos reclaman más de 400.000 millones de dólares en indemnizaciones por daños. Las empresas involucradas son muy numerosas: Ford Motor Company, IBM, Exxon Mobil, Nestle USA, etc. La decisión del Supremo de dar vía libre a la demanda permite que tanto la Casa Blanca como Corporate America sean llevados al banquillo de los acusados. Se los culpa de complicidad con los regímenes que instauraron un clima de segregación racial, un ambiente institucional en el que no se reconocían los derechos de los ciudadanos negros. Legítimos afán de justicia para unos, mero oportunismo y abuso de la ley para otros. En todo caso, será la justicia americana la que aclare cuáles son las verdaderas motivaciones que esconde este polémico juicio.
