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Socio en A.Bercovitz, Alvargonzalez, Corcelles y García-Cruces Abogados


Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1983. Abogado en ejercicio desde 1985, especializado en temas mercantiles, con especial incidencia en derecho societario y concursal. Incorporado a los Iltres. Colegios de Abogados de Gijón y Oviedo, es Socio director de la firma Alvargonzález & Asociados Abogados. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 2007; Diplomado en Derecho de Sociedades y Concursal por el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, 1999 y en Régimen Fiscal de la Empresa por el mismo centro, 1987. Autor de diferentes publicaciones y artículos jurídicos en materia societaria y concursal. Director y ponente en multitud de conferencias y seminarios sobre materia societaria y concursal, impartidos en diferentes puntos de la geografía española, en colaboración con diferentes Colegios de Abogados y Cámaras de Comercio. Director del área de Derecho Mercantil de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón "Fermín García Bernardo", desde 1991, y profesor de Derecho Concursal la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias. Colaboró en diferentes ocasiones con la Facultad de Derecho y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Minas de la Universidad de Oviedo, impartiendo clases de derecho civil y sobre responsabilidad por daños al medioambiente. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Gijón, desde el año 1991 hasta enero de 2002; Secretario de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón, durante los cursos académicos 92/93 y 93/94 y Vocal de su Junta rectora durante los cursos académicos 95/96 a 98/99.

Actualmente es socio director de ALVARGONZALEZ, CORCELLES y GARCÍA-CRUCES ABOGADOS.

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Breves notas sobre el convenio en la vigente ley concursal

Frente a la escueta y reducida Ley de Suspensión de Pagos de 1922, la nueva Ley Concursal regula de manera pormenorizada todos los aspectos relativos al Convenio, tanto en cuanto al contenido del mismo, como al trámite procesal para su aprobación y posterior ejecución. Nos encontramos con una Ley amplia en su articulado, de los cuales 43 artículos se dedican de manera específica a regular el Convenio concursal (98 a 140).

Breves notas sobre contenido del convenio

La Ley regula de manera detallada el contenido del Convenio entre el deudor y sus acreedores, a lo que dedica los arts. 99 a 102. La propuesta deberá contemplar una quita, una espera o la combinación de ambas alternativas. La Ley es imperativa en este aspecto al utilizar la expresión literal "deberá", por lo que hemos de concluir que en todo convenio tendrá que existir, al menos, una propuesta de quita, espera o ambas. Podrán hacerse luego todas las proposiciones alternativas que los proponentes estimen oportuno, pero el legislador entiende que no puede privarse al acreedor de la opción de cobrar su crédito en metálico.

Proposiciones de enajenación en el convenio

La Ley permite que la propuesta de convenio contemple, como modo de financiación del convenio, la enajenación de determinados elementos de su activo. La enajenación puede ser de bienes o derechos concretos y determinados (art. 100.4 LC) o de unidades productivas o conjuntos de bienes y derechos afectos a una determinada actividad profesional o empresarial; si bien, en este último supuesto, la enajenación deberá ir acompañada de la asunción, por parte del adquirente de los mismos, del pago total o parcial de la masa pasiva (art. 100.2.2º LC). Ambas posibilidades son excluyentes, en el sentido de que las enajenaciones singulares no pueden referirse a bienes o derechos afectos, pues éstos sólo pueden ser enajenados en conjunto y dentro del marco de un convenio de asunción.

La propuesta anticipada de convenio

La propuesta Anticipada es aquella en la que la propuesta del deudor y la aceptación por los acreedores se realiza durante la fase común del concurso, sin necesidad de proceder a la apertura de la fase de convenio. Puede presentarse desde el mismo escrito de solicitud de ser declarado en concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y hasta la finalización del plazo de comunicación de créditos (art. 104.1). Es decir, antes de que transcurra el mes siguiente a la última de las publicaciones obligatorias de la declaración del concurso recogidas en el art. 23 -BOE y diario de mayor circulación en la provincia. No es necesario que la resolución declaratoria del concurso sea firme, ya que ésta produce todos sus efectos desde su declaración (art. 21.2 LC). Lo que sí se exige es que el deudor no haya solicitado la liquidación o que, solicitada ésta, haya sido previamente revocada antes de la apertura de la fase de liquidación.

Las propuestas alternativas en el convenio

De conformidad a lo establecido en el art. 100.2 LC la propuesta podrá contener, además de la quita y/o espera, propuestas alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases. Si bien el precepto enumera una serie de posibilidades -conversión de la deuda en acciones, participaciones, cuotas sociales o créditos participativos y la enajenación de determinados bienes o derechos afectos a la actividad profesional o empresarial o de determinadas unidades productivas-, dicha enumeración no es limitativa, por lo que es posible contemplar tantos otros supuestos como el deudor o los acreedores entiendan conveniente, siempre que no infrinjan las normas imperativas de la LC.

La toma de decision de instar un concurso de acreedores

La Ley Concursal, a lo largo de todo su articulado, y ya desde la Exposición de Motivos, destaca la importancia de lograr el saneamiento de la sociedad en crisis y conseguir la continuidad de la misma como una de las finalidades primordiales del procedimiento concursal. Finalidad frente a la que se encuentra con igual o, probablemente, mayor importancia, la defensa de quienes resultan los grandes perjudicados en dichas situaciones, los acreedores. Por lo tanto, saneamiento y continuidad de la actividad empresarial sí, pero no a cualquier precio. Para ello, tanto la estructura del procedimiento, como las responsabilidades específicas que se contemplan en la Ley, dan a entender que el legislador pretende que se acuda al concurso cuando ello sea necesario, sin demoras o esperas que conviertan una situación transitoria en una irresoluble.