Opinión

El trágico suceso acaecido en Huelva en este comienzo de año, conocido popularmente como el caso Mari Luz, ha puesto de manifiesto algunas de las graves deficiencias de nuestro sistema. Con abstracción de las concretas particularidades del caso, hay dos cuestiones sobre las que conviene reflexionar: qué legislación tenemos y cuál es la situación de nuestra Administración de Justicia.

En diciembre de 2007 se aprobó la Ley 51/2007 de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Aunque no introduce novedades fiscales significativas, es preciso analizar sus consecuencias.

El 3 de abril de 2008 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictó una sentencia por la que permite a las empresas que desplazan temporalmente a sus trabajadores a otro Estado de la Unión Europea abonar un sueldo inferior al estipulado por el convenio vigente. Con este pronunciamiento, el TUE sienta una interpretación de la Directiva 96/71/CE que puede mermar la protección que ésta dispensa a los trabajadores desplazados.

El autor realiza un análisis sobre una propuesta "majareta" (alocada, en argot guayaquileño), mediante la cual el gobierno ecuatoriano pretende reformar el sistema de administración distrital

El autor valora la reforma que pretende introducir el Partido Socialista en el CGPJ

Ayer se presentó en Madrid, en la sede de Garrigues, la obra Antonio Garrigues, embajador ante Pablo VI. Un hombre de concordia en la tormenta, del historiador...

Como si de un baile de vampiros se tratase, la danza macabra de nuestro poder judicial amenaza con alargarse de manera indefinida, hasta...

Entre los objetivos previstos por la Dirección General del Catastro se encuentra la revisión de los valores catastrales de más de 3.000.000 de inmuebles. La duda está en la calle: ¿se trata de una simple medida para acomodar el Catastro a los valores de mercado o se trata de un mecanismo encubierto para aumentar la presión fiscal y compensar el descenso en la recaudación pública con motivo de la crisis del sector inmobiliario?

La tasa de siniestralidad laboral en España es de 5,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30 por ciento por encima de la media de la Unión Europea de los 15. A las medidas administrativas y reformas legales debe sumarse el esfuerzo de reflexión realizado por los agentes implicados en el proceso constructivo. Fruto de ello es el Informe Duran, que contiene un interesante catálogo de propuestas dirigidas a reducir la siniestralidad del sector.