Práctica Jurídica

Habitualmente, en la litigación transfronteriza se ha prescindido de los pleitos de escasa cuantía, pues los costes y dilaciones del proceso muchas veces no compensaban ante lo limitado de la cuantía litigiosa. Esto es inadmisible en la U E., donde pretendemos desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas. Por esta razón se ha dictado el presente Reglamento, que trata de instaurar un procedimiento rápido, barato y eficiente para los litigios transfronterizos cuya cuantía no rebase los 2000 €.

El Reglamento se aplica a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil. Son parte todos los Estados miembros de la UE excepto Dinamarca. Pero la disposición tiene alcance erga omnes, o sea universal. Por tanto, al entrar en vigor desplazará a las normas de origen interno en la materia. La regla general consiste en que la ley aplicable a una obligación extracontractual derivada de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño. También, se contienen reglas específicas para determinadas materias. Además, la "cláusula de escape" permite operar el principio de proximidad. Dentro de ciertos límites se da entrada a la libertad de elección de ley aplicable.

La constante preocupación por mejorar los instrumentos que facilitan el buen funcionamiento del mercado interior, ha llevado a propiciar la sustitución del Reglamento (CE) 1348/2000 por el Reglamento (CE) 1393/2007. Este introduce pocas novedades respecto del texto anterior. Las principales en cuanto a la precisión de su ámbito (art. 1), la negativa a aceptar un documento por desconocimiento del idioma (art. 8 y Anexo II) y la notificación por correo (art. 14).

El 21 de diciembre de 2007, Estonia, la República Checa, Lituania, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia entraron a formar parte del espacio Schengen, eliminándose los controles en las fronteras interiores terrestres y marítimas entre estos Estados y los 15 países que ya formaban parte del mismo.

El alto número de expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que actualmente hay que tramitar, y que previsiblemente aumentará en el futuro, ha llevado a la Dirección General de los Registros y del Notariado a dictar esta importante Instrucción. En ella subyacen tres ideas: hacer más operativos los procedimientos, facilitar la tramitación a los ciudadanos y abordar específicamente los problemas suscitados cuando el interesado es menor o incapacitado.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los artículos de la Ley de Extranjería que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condena a España en el asunto C-59/07 por no adaptar su Derecho interno a la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

El 2 de abril de 2007 entró en vigor el nuevo reglamento de comunitarios que establece novedades importantes sobre el estatuto jurídico de la Unión Europea y nacionales de otros estados parte en el acuerdo sobre espacio económico europeo.

Por primera vez se concede una Autorización de Residencia a la pareja de hecho de un ciudadano de la Unión Europea basándose en la inscripción en el registro de parejas de hecho de Vizcaya. Se trata de la resolución de 13 de noviembre de 2007.