Práctica Jurídica

En la nota titulada "Arbitraje de consumo. Pasado, presente y futuro" y publicada en este portal web el pasado 30 de enero de 2008, se hacía alusión a la existencia de un texto a modo de borrador de "Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo" que entonces se encontraba a punto de reunir todos los trámites preceptivos para elevarse a aprobación por el Consejo de Ministros. Dicha aprobación tuvo lugar el día 15 de febrero de 2008, dando paso al Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2008), norma que viene a sustituir al Real Decreto 636/1993. Todo ello se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, conforme a lo previsto en los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Las agencias de viajes en cuanto empresarios turísticos deben cumplir con el deber de información establecido a modo de protección de los consumidores y usuarios tanto en la normativa general de la materia de consumo como en la regulación propia de este sector económico. En la presente nota se exponen precisamente algunas cuestiones controvertidas que han surgido a la hora de aplicar ese deber/derecho de información a la realidad práctica, teniéndose presente que las agencias de viajes prestan no sólo actividades de organización y/o venta de los denominados "paquetes turísticos" sino también actividades de mediación de transporte por medio de un transportista.

El pasado viernes, 4 de julio de 2008, aparecía publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del...

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó la conocida como "Directiva de Retorno". El legislador comunitario concibe este norma como un instrumento necesario para llevar a cabo una política de migración bien gestionada que ponga fin a la estancia ilegal de nacionales de terceros países en territorio comunitario a través de un procedimiento considerado justo y transparente por unos, y de dudosa compatibilidad con los derechos humanos por otros.

En el caso Giniewski contra Francia el TEDH reconoce al periodista e historiador su derecho a la libertad de expresión por unanimidad. Entendiendo que en cuestión de una temática tan delicada, como es el análisis histórico de hechos, no debe limitarse la libertad de expresión porque de lo contrario se ejerce una presión intolerable en temas que son de interés para toda la sociedad.

El "Reglamento (CE) 261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91" (en adelante, Reglamento 261/04), cuyo fin es elevar la protección conferida a los pasajeros aéreos en la Comunidad, ha dado lugar a varias dudas sobre la interpretación de sus normas.

Siendo como es la mediación una vía jurídica de resolución de conflictos nada novedosa en su existencia, sí por el contrario se puede decir...

Una sencilla vista de juicio penal se ha convertido en todo un evento nacional y mediático. El alcalde de Madrid buscaba el amparo de la Justicia frente a los ataques de uno de los comunicadores bandera de este país. Los testigos dan idea del alcance del conflicto: se llamó a declarar a la plana mayor del Partido Popular, al Sr. Alcaráz, presidente de la AVT, al eurodiputado Herrero-Tejedor y al director de "El Mundo". Exponemos a continuación las líneas fundamentales de la sentencia dictada.

La particularidad del caso Paturel radica en el cambio jurisprudencial que realiza el TEDH en materia de protección de la libertad de expresión: siempre se exige una cierta base factual a la libertad de expresión, no la veracidad, pero en este caso se entiende que la prueba aportada, no analizada en sede judicial por innecesaria, es suficiente base factual para entender que se ha vulnerado el artículo 10 del CEDH.