El Tribunal Constitucional suspendió el martes a petición del Gobierno español la parte del presupuesto de Cataluña relativa a los fondos para una consulta independentista en la región antes de septiembre de este año, según una portavoz judicial.
La suspensión cautelar durante cinco meses se produce de forma inmediata al admitirse a trámite por unanimidad un recurso del Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy contra las cuentas públicas aprobadas en marzo por el Parlamento catalán de mayoría soberanista.
Es previsible que el Tribunal Constitucional impugne finalmente las partidas presupuestarias recurridas -de 5,8 millones de euros-, puesto que han sido varias las ocasiones en los últimos años en las que ha prohibido las iniciativas de Cataluña por consultar a la ciudadanía su relación con España.
Las autoridades catalanas, que celebraron en 2014 un referéndum sobre la independencia que había sido declarado ilegal, insisten en que colocarán las urnas este año pese al rechazo frontal del Gobierno español, que se apoya en la indivisibilidad del Estado que recoge la Carta Magna para rechazar una consulta vinculante.
Además, el recurso del Gobierno pedía al Constitucional que notificase su decisión al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a los altos cargos implicados en la gestión de los presupuestos, apercibiéndoles de las posibles consecuencias penales en caso de desobediencia.