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Entrevista a Ramón Jáuregui Atondo

“El pueblo español es europeísta pero se aleja del debate europeo peligrosamente”

1 de Diciembre de 2009

El día 1 ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa. Ahora más que nunca, en un mundo globalizado que no deja producir cambios, Europa se refuerza para asumir retos como la mundialización de la economía, la evolución demográfica, el abastecimiento de energía y las nuevas amenazas para la seguridad. De ello hemos hablado con Ramón Jáuregui, eurodiputado, Secretario General de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales. En la entrevista concedida a Legal Today, Ramón Jáuregui expone cómo la entrada en vigor del Tratado de Lisboa hace una Europa más dinámica, con instrumentos eficaces y coherentes adaptados no sólo al funcionamiento de una Unión que recientemente se ha ampliado de quince a veintisiete miembros, sino también a las rápidas transformaciones y exigencias del mundo actual.

  • "No conviene confundir administración con burocracia".
  • "Los Estados Miembros rechazan que en materia de derecho substantivo penal la Unión Europea pueda legislar. Son muy celosos de su soberanía".
  • "Hay naturalmente bufetes y abogados que están al 100% impuestos en la realidad jurídica Europea, pero haría falta más formación inicial y continua a los abogados en este tema".
  • "No hay merma de la soberanía nacional porque no hay nuevas competencias que se retiren a los Estados".

 

Legal Today

A finales del mes de octubre, el Tribunal Constitucional de la República Checa dio luz verde al Tratado de Lisboa, cosa que, junto con el sí de Irlanda en el referéndum, permite que la Unión Europea de un gran paso adelante. ¿Es el paso definitivo, o queda más desarrollo por hacer?

Es definitivo en cuanto a la entrada en vigor del Tratado. Yo espero que el 1 de Diciembre de 2009, dos años después de que los Estados Miembros aprobaran el Tratado, éste alcance su plena vigencia. Ahora bien el desarrollo del Tratado es otra cosa. Eso empieza ahora.

 

En qué medida podría afectar a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la decisión del Consejo que acepta un opt-out de la Republica Checa a la Carta de Derechos Fundamentales, junto a Polonia y Reino Unido? 

No le afecta formalmente. Son esos tres países los que renuncian a la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales. El resto funciona a plenitud con el Tratado y el Tratado se aplica con plenitud a todos, excepto en lo que pudiera derivarse de la cláusula opting-out sobre la Carta en relación con los tres países citados.

España asume la Presidencia de la Unión coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado. ¿Cómo afectará esto a nuestro país?

Yo creo que es una buena coincidencia. A España le corresponderá poner en marcha esta nueva fase de la Unión Europea, iniciar algunos desarrollos del Tratado y funcionar con el nuevo organigrama institucional de la Unión (Presidencia del Consejo, Alto Representante, Nuevo Colegio de Comisarios, Codecisión, etc.). Me parece un reto enorme para nuestro país. Junto a la recuperación de la crisis económica, son los dos retos fundamentales de su Presidencia.

¿Cree que España es europeista, que entendemos un poco más la influencia de la Unión en el día a día, o que la ciudadanía vive al margen de la realidad de Europa?

El pueblo español es europeísta pero se aleja del debate europeo peligrosamente. Ocurre, con retraso, algo que ha ocurrido en otros países. No es bueno y me preocupa. Probablemente es uno de los temas más importantes de nuestra agenda política actualmente.

 

Con la entrada en vigor del Tratado de la UE, se soluciona parte del déficit democrático de las instituciones europeas. ¿Ello supondrá, además, un incremento de burocracia?

Espero que no. La única nueva instancia institucional es el Servicio exterior pero se hará contando con la Comisión y los servicios diplomáticos de los Estados Miembros.

No conviene confundir administración con burocracia. Toda organización política necesita de administración. Lo que hay que evitar es la mala o la ineficaz administración.

 

¿En qué medida implicará una merma de la soberanía nacional?

No hay merma de la soberanía nacional porque no hay nuevas competencias que se retiren a los Estados. Es más, con la aplicación del principio de subsidariedad, los Parlamentos Nacionales podrán indicar al Parlamento Europeo si una determinada legislación vulnera sus competencias.

De todas formas, no hay que sacralizar la soberanía. El soberanismo nacionalista nos impedirá hacer más Europa. Y el siglo XXI demanda una Europa más unida y más fuerte en la gobernanza del mundo.

Yendo al ámbito de la abogacía,¿considera que el abogado español tiene presente que el ochenta por ciento de la normativa nacional está marcada por la UE?

Me temo que no. Hay naturalmente bufetes y abogados que están al 100% impuestos en la realidad jurídica Europea, pero haría falta más formación inicial y continua a los abogados en este tema.

 

¿En qué medida influenciará la entrada en vigor del Tratado en el espacio de Justicia, Libertad y Seguridad?

Este es un espacio en constante crecimiento porque su creación ha aumentado las garantías de los ciudadanos europeos para vivir en libertad, realizar sus derechos, ejercer su autonomía personal y encontrar solución a sus conflictos. Pero también ha aumentado el número de litigios transfronterizos y la necesidad de luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Asimismo, la ampliación del espacio Schengen en 2004 y la plena realización de las libertades comunitarias fundamentales han exigido reforzar y ampliar la cooperación en materia de justicia, la armonización de los sistemas judiciales nacionales y el reconocimiento mutuo de las decisiones entre los Estados miembros en los ámbitos de la justicia penal y civil.

El Tratado de Lisboa afecta directamente al espacio de libertad, seguridad y justicia porque la ausencia actual de un marco institucional europeo en materia de justicia y la obligatoriedad de la unanimidad quedará subsanada con la entrada en vigor del Tratado. Además, el Tratado ampliará las competencias de la Unión Europea en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal e introducirá el procedimiento legislativo de codecisión en este ámbito, derogando el sistema de pilares.

Actualmente se está tramitando el nuevo programa plurianual que substituirá al Programa de La Haya, el Programa de Estocolmo. Este programa insiste en la importancia de avanzar en la construcción del espacio judicial europeo, en la consolidación de los importantes progresos jurídicos en materia del principio del reconocimiento mutuo y la unificación del procedimiento penal.

Un claro ejemplo del avance que se está llevando a cabo en materia de unificación del procedimiento penal lo representa la tramitación en la actualidad de uno de los derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, el derecho a interpretación y traducción. Tras años de debates infructíferos en el Consejo, se ha optado por un enfoque progresivo formado por varias propuestas: el mencionado derecho a interpretación y traducción gratuitas; el derecho al asesoramiento jurídico; el derecho a información sobre derechos; el derecho a atención específica de las personas vulnerables; el derecho de comunicar con las autoridades consulares; y el derecho de comunicar con la familia.

Desde hace un tiempo se pone de manifiesto en los foros con frecuencia los problemas y retrasos que supone para el territorio el que no haya un Derecho penal europeo. ¿Qué previsiones hay al respecto?

Es un ámbito complejo en el que se avanza lentamente porque los Estados Miembros rechazan que en materia de derecho substantivo penal la Unión Europea pueda legislar. Son muy celosos de su soberanía. Pero sin duda es necesario avanzar en la tipificación de los delitos más graves ligados a la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, etc..

El grado de cumplimiento de los objetivos en el ámbito de la cooperación judicial europea ha sido bastante bajo. Pese a ello, se han logrado avances significativos en la mejora del reconocimiento mutuo de penas, el intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, la adopción de la orden de detención europea, la creación de una red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de los Estados miembros, la realización del espacio europeo de justicia en línea, el reconocimiento y la ejecución de las inhabilitaciones resultantes de condenas por delitos sexuales cometidos contra los niños, la revisión de la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo o la integración en el ordenamiento jurídico comunitario del Tratado de Prüm sobre la profundización de la cooperación transfronteriza.

 

Esta temporada hay mucha inquietud en los colegios acerca de la influencia final que tendrá la Directiva de Servicios en sus actividades. ¿Ello significa que los colegios son, en sí, una institución obsoleta?

No puede decirse eso en términos absolutos. Hay profesiones en las que no hacen falta Colegios. Les bastarían organizaciones gremiales menores. Pero en otras, como los abogados por ejemplo, los Colegios son organizaciones necesarias para múltiples funciones: formación para el ejercicio profesional, formación continua, vigilancia de Códigos deontológicos, prestación de turnos de oficio en la justicia gratuita, etc.

La Directiva de Servicios se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Tenemos que trasponerla a la legislación española por exigencia europea y por necesidad de agilización y abaratamiento de nuestros costes. Pero de esa Directiva nada puede deducirse en contra de los Colegios de Abogados.

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