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Entrevista a Pablo Fernández Burgueño Socio Abogado de ABANLEX

“Es imprescindible crear una Agencia Española de Propiedad Intelectual”

29 de Junio de 2009

Pablo Fernández Burgueño es Socio fundador del despacho de abogados Abanlex, firma especializada en Derecho Tecnológico y de Propiedad Intelectual. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por ICADE, Primera Mención de Honor en el Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones del IEB. Ha trabajado en Cremades & Calvo-Sotelo y en el área jurídica de Caja Madrid. Es abogado en ejercicio colegiado en Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Director del área jurídica de la agencia Logopress y docente en cursos de postgrado.

  • “Se hace urgente una reforma integral de la ley de propiedad intelectual”
  • “Si el canon se ve como un problema, la solución pasa por modificar la ley, no por atacar al gestor”
  • “La Agencia Española de protección de datos debería mejorar el sistema de comunicación con el ciudadano”
  • “Para fundar un despacho hay que reunir los 4 valores primordiales del emprendedor: vocación, perseverancia, disciplina y sentido común”

 

Legal Today

ABANLEX es un despacho joven, de socios y abogados jóvenes dedicados a la propiedad intelectual y la protección de datos. ¿En qué sentido la juventud es una ventaja o un lastre?

Abanlex es una firma integrada exclusivamente por abogados con experiencia, expertos en tecnología, capaces de leer y escribir el código fuente de una página web, con conocimientos para mejorar el posicionamiento SEO de un "site" y que mantiene perfiles en prácticamente todas las redes sociales existentes. Consecuencia de esta cuidada especialización es la franja de edad de los profesionales que forman el despacho.  

La ventaja que Abanlex ofrece es la garantía de que los abogados que cuidan de los asuntos del cliente lo hacen con experiencia previa, una excelente formación inicial tanto en derecho como en tecnología y una verdadera y profunda vocación por el trabajo que realizan.

 

¿Cuáles son los principales retos de la propiedad intelectual? 

La riqueza histórica, la tradición folclórica y cultural y el espíritu creador son valores esenciales y primordiales de España. En nuestro país, la cultura siempre ha estado presente, valorada y popularmente alabada. Por tanto, no creo que podamos hablar en ningún caso de crisis de la cultura, sino más bien de crisis en la protección de ésta.

La irrupción de la tecnología en la industria cultural y la globalización del mercado con la llegada de Internet están causando estragos importantes en los intermediarios y, por ahora, también en los propios creadores. La irreversibilidad de la situación y la imposibilidad práctica de atajarla por la vía normativa sólo deja un camino posible: la adaptación de la industria a la nueva realidad socio-tecnológica.  

En este sentido, se hace imprescindible y urgente una reforma integral de la ley de propiedad intelectual que atienda las necesidades del cambio, mejore la gestión de derechos, contemple ciertos aspectos del "fair use" anglosajón, proteja firmemente al autor y permita a los artistas españoles competir en un mercado global con herramientas acordes a la realidad tecnológica del siglo XXI. Por otro lado, considero igualmente imprescindible la creación de una Agencia Española de Propiedad Intelectual que proteja el acceso a la cultura por los ciudadanos y salvaguarde los derechos de los autores, artistas, creadores y otros titulares.

 

¿Se puede afirmar que atravesamos una crisis judicial y que la justicia está politizada en España?

La administración de justicia se encuentra en una situación complicada debido fundamentalmente a la precariedad y escasez de recursos técnicos, económicos y humanos con los que cuenta para cumplir sus funciones. En plena sociedad de la información aún encontramos sedes telemáticamente incomunicadas, puestos de trabajo sin ordenador y alguna que otra máquina de escribir. Lo primero y fundamental es dotar de medios a los profesionales de excelente cualificación que imparten justicia en España

En cuanto a la politización, en nuestro sistema judicial sucede algo muy similar a lo que ocurre en las universidades públicas, cadenas de televisión u hospitales. Por un lado, toda organización jerárquica o piramidal está viciada de un innato factor político, propio de este tipo de arreglo estructural. Por otro lado, el control de la cúspide visible de estos órganos y corporaciones supone la adición de poder político al partido que la domine. Por tanto, la llamada "politización de la justicia" no deja de ser un juego de poder sobre el control de la cúpula mediática, pero que no afecta ni a la imparcialidad, ni a la profesionalidad del verdadero órgano decisor: el juez.  

 

¿Qué hacemos con el canon de la copia privada? ¿Lo extendemos a otros ámbitos?

La desafortunada gestión de la remuneración equitativa por copia privada (también llamada canon), la presión de grupos pro-gratuidad de la cultura y la desmedida cobertura mediática que se le ha otorgado son los principales factores que han demonizado una figura concebida para ser primordialmente útil para la sociedad.  

La ley de propiedad intelectual fija un límite al autor por el cual no puede impedir que, en determinados casos, el adquirente legítimo de una obra dañe su derecho exclusivo de reproducción haciendo una copia de la misma para su uso privado, siempre que se le remunere debidamente. La ley dispone que ante el daño sufrido, el autor tiene que ser compensado. En el ámbito vial, sucede una cosa parecida: por la mera puesta en circulación de un vehículo, el titular debe hacer frente al pago de un seguro obligatorio para compensar al tercero que sufra un accidente con él, es decir, a aquel al que dañe su derecho. Ambos elementos -el vehículo y el dispositivo de almacenamiento-, son idóneos para dañar el derecho de un tercero y el pago del seguro o el canon obedece a la necesidad de compensar el derecho dañado de un tercero, sin que sea necesario, a priori, que se produzca dicho daño

En otros países el límite al derecho del autor se contempla como un derecho de copia privada. Pero no es el caso, en España no existe tal derecho. Si el canon se ve como un problema, la solución pasa por modificar la ley, no por atacar al gestor. 

 

Usted sostiene en un reciente artículo que España se encuentra a la cabeza en lo que se refiere a la protección de datos de carácter personal. ¿En qué basa esta afirmación?

La ley española de protección de datos es un ejemplo normativo a nivel mundial y está sirviendo como modelo para la redacción de normas similares en países de Hispanoamérica. Esto es debido a que la estructura del texto elaborado por el legislador a la hora transponer la Directiva 95/46/CEE de protección de datos de carácter personal, fue tan acertada que ha terminado convirtiendo la ley 15/1999 en una de las más precisas, claras y eficaces del mundo en cuanto a lo que se refiere a garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor e intimidad personal y familiar. Si bien adolece de graves errores funcionales, nada obsta para que se la pueda calificar como una norma ejemplar a nivel internacional.  

 

¿Cómo mejorar la labor de la Agencia española de protección de datos?

La labor de la Agencia Española de Protección de Datos es intachable en muchos aspectos, en particular en lo referente a la ponderación y minoración de sanciones, habida cuenta de que tenemos uno de los regímenes sancionadores en esta materia más duros del mundo.  

Sin embargo, creo que los administrados podemos hacer a la Agencia la sugerencia de que mejoren el sistema de comunicación con el ciudadano. La estructura y funcionamiento de su página web es deficiente y el sistema de consultas jurídicas que sólo acepta aquellas enviadas por correo ordinario (papel, sobre y sello) se ha quedado desfasado. 

 

¿En qué sentido hemos de reformar la legislación en materia de protección de datos?

En varios, pero principalmente en dos: el primero sería el de adaptación de la norma al comercio electrónico; el segundo el de la búsqueda de equilibrio entre el sistema de sanciones nacional y el internacional comparado

 

¿Son las empresas españolas las más castigadas del mundo en el ámbito de la protección de datos? ¿Por qué?

El problema práctico con el que nos encontramos es que el cumplimiento exhaustivo de la ley española es cuanto menos complejo. Esto, sumado al régimen sancionador tan elevado que establece la ley, hace que las empresas españolas asuman un riesgo por su posible futuro incumplimiento hasta 5 veces mayor al que asumen sus homólogas europeas. Si nos movemos en un mercado único europeo, sin fronteras, en el que rigen los principios de libre circulación de mercancías y prestación de servicios, en un espacio en el que cualquier empresa italiana, alemana, sueca o francesa puede operar desde sus respectivos países en España, donde en la práctica no importa otra cosa que las propias leyes del mercado y la minoración del riesgo, y sin entrar en el factor de globalidad que añade Internet, es del todo patente que la empresa que esté realmente preocupada por el cumplimiento de la ley está en una situación de verdadera desventaja competitiva

 

¿De qué manera el marketing jurídico puede ayudar a su despacho a competir con otras firmas más grandes? ¿Lo emplean? Si no lo hacen, ¿por qué?

Existen numerosas técnicas de márketing jurídico. Nosotros hemos optado principalmente por las digitales y desde el primer momento hemos notado sus efectos positivos en cuanto a cantidad de asuntos y calidad de los mismos

 

¿Es importante implementar técnicas de management para mejorar la dirección del despacho? ¿O es mejor seguir al pie de la letra el modelo tradicional?

El management, entendido como gestión de procesos, es fundamental en cualquier empresa y, por lo tanto, también en un despacho de abogados. De hecho, el modelo tradicional se basa precisamente en un sistema continuo de integración, monitorización y optimización de tareas. Las técnicas de management son, por tanto, métodos para conocer el mercado, entender el funcionamiento del negocio y encontrar oportunidades de mejora y, como tales, en Abanlex los usamos cada día

 

¿Cómo decidió fundar ABANLEX?

Por determinadas circunstancias, la elaboración de un recurso de protección de datos me llevó a reencontrarme con un antiguo compañero de mi promoción del Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y con el coordinador de este curso de postgrado. A partir de ese momento, los tres comenzamos a compartir determinados casos relacionados con la tecnología, la protección de datos y el derecho de propiedad intelectual. Finalmente, tras un tiempo uniendo fuerzas por separado, decidimos fundar el que ahora es un nuestro despacho, Abanlex Abogados.  

 

¿Qué recomendaría a los jóvenes que están pensando en fundar su propio despacho?

Les recomendaría que hiciesen un estudio de mercado, elaborasen un plan de negocio, inventariasen los recursos con los que cuentan a priori y analizasen con sinceridad los riesgos que están dispuestos a asumir.

Al mismo tiempo, deberán decidir si desean emprender solos o en compañía. Ambas opciones son igualmente válidas, pero conllevan responsabilidades y oportunidades muy distintas. En caso de optar por un despacho con varios socios fundadores, es imprescindible que éstos sean personas de absoluta confianza, honestas, generosas, abiertas al cambio, respetuosas y, además, de intachable calidad técnica y humana.  

En cualquier caso, la fundación de un despacho de abogados no dista mucho de la de cualquier otra empresa por lo que es fundamental que, previo a cualquier estudio o análisis de los referidos, realicen una reflexión profunda, sincera y personal sobre si reúnen los 4 valores primordiales del emprendedor: vocación, perseverancia, disciplina y sentido común

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