El alma del Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebra cada cuatro años y constituye la cita más importante para profesión, tiene un nombre y es Carlos Carnicer, abogado zaragozano que, a pesar de llevar muchos años al frente de la Abogacía Institucional, no ha perdido la sensibilidad para comenzar cada lucha que sea necesaria por los profesionales jurídicos. Carnicer nos recibe en su despacho unos días antes del inicio del Congreso. Qué espera de esta gran cita para los abogados, cómo se ha unido la profesión en los retos que ha vivido en los cuatro años que separan el Congreso de Cádiz de el de Vitoria y qué metas se vislumbran en estos momentos en el CGAE, son algunas de las preguntas clave a las que da respuesta.
¿Qué objetivos persigue el XI Congreso Nacional de la Abogacía?
El Congreso es la gran cita de la Abogacía cada cuatro años. En esta ocasión, los temas que centrarán el debate son la privacidad de las comunicaciones, los derechos de propiedad intelectual o los retos científico-tecnológicos, así como otros temas de actualidad. Asistirán alrededor de 1.200 abogados de toda España. Cerca de cien ponentes de la talla de Antonio Garrigues, Miguel Temboury, José Manuel Maza, Miquel Roca, Ignacio Fernández Toxo, etc. Todo para luchar por una sociedad más justa.
Como presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ¿con qué resultado se quedaría más satisfecho?
La mayor satisfacción como presidente de la Abogacía es que de ese intercambio de conocimientos salga la mejor formación para los abogados, lo que se traducirá, también, en una mejor Justicia para todos. De la mejor formación del abogado depende la calidad de la Justicia. La clausura del Congreso contará con una declaración programática de la Abogacía ante la situación de la Justicia en España, tan necesitada de una verdadera solución para cumplir su función principal: servir a todos los ciudadanos en el disfrute y defensa de sus derechos.
Se trata la de la undécima edición del Congreso, de las cuáles usted ha vivido ya varias. ¿Cómo ha cambiado la situación de la Abogacía desde la anterior edición a ésta?
Desde el X Congreso celebrado en Cádiz hemos vivido la imposición de una serie de propuestas normativas que amenazaban tanto la profesión de abogado como los derechos ciudadanos. Afortunadamente, gracias a la presión de la Abogacía y de amplios sectores sociales en los despachos, en la calle y en las redes sociales, o no se han aprobado o se han derogado. Un ejemplo bien conocido es la denostada Ley de Tasas, que apenas dos meses después de su implantación fue revisada por el Gobierno para, finalmente, eliminarlas para las personas físicas.
También, gracias a esa presión, se ha evitado la reducción o incluso desaparición de Partidos Judiciales y se mantiene la actual demarcación judicial. La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se ha parado y se ha abierto un diálogo para solucionar problemas como el requisito de territorialidad de los abogados del Turno, los impagos, los pagos con meses de retraso o unos baremos que, en muchos casos, no se revisan desde hace más de diez años y que suponen que un abogado de oficio cobre la hora de trabajo a dos euros de media.
Por otra parte, en junio de 2013, el Pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó por unanimidad el nuevo Estatuto General de la Abogacía, pendiente de tramitación por el Ministerio de Justicia y aprobación por el Gobierno. Con esta norma la Abogacía culmina un proceso de reforma de su norma corporativa fundamental, para adaptarla a las novedades normativas y jurisprudenciales que se han sucedido desde la aprobación del anterior Estatuto (2001). El nuevo texto reafirma el derecho de defensa, renueva la democracia interna, refuerza la vanguardia tecnológica, protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y actualiza el régimen deontológico y sancionador, entre otras muchas cosas.
Ahora que ya se ha realizado el primer examen de acceso a la Abogacía, y a las puertas del segundo, ¿mejorará la calidad del servicio que se presta?
La aprobación de la Ley de Acceso responde a una petición de la Abogacía Española, que llevaba casi cien años demandando un título profesional de acceso a la profesión. Se ha demorado inútilmente, pero es una conquista de la que deben sentirse orgullosos los ciudadanos en general, la Administración de Justicia, los estudiantes y los abogados. Tras la entrada en vigor de la Ley tenemos mejores abogadas y abogados para defender mejor los derechos de los ciudadanos. Pero hay que aplicarla bien y vamos a estar vigilantes, porque no todos los másteres de acceso están cumpliendo los requisitos eminentemente prácticos que exigían la Abogacía y el sentido común.
Otro de los frentes de la profesión es el Turno de Oficio, donde parece que son los Colegios quienes llevan la voz cantante de la lucha frente a las Administraciones. ¿Qué pasos adelante se han dado hasta ahora?
Hemos llevado a todos los lugares donde hay que hacerlo la reivindicación de una Justicia Gratuita y de un Turno de Oficio dignos para los ciudadanos y para los profesionales que lo forman y lo atienden 24 horas al día, 365 días al año con eficiencias, sin apenas quejas y con unos niveles de calidad reconocidos por todos.
Hemos apoyado y defendido todas las justas reivindicaciones de los Colegios de Abogados y de los abogados. Recientemente he mostrado públicamente mi apoyo a las medidas de protesta del Colegio de Abogados de Madrid por la situación de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en esta comunidad. Unas medidas con las que ponen voz a una reclamación urgente y absolutamente justa sobre la situación de la Justicia Gratuita en España: la necesidad de que las Administraciones competentes sean conscientes de la labor que prestan abogadas y abogados de este servicio público y, en consecuencia, lo doten de medios adecuados y retribuyan de forma digna y puntual a los colegiados. Una reivindicación que se suma a las realizadas por otros Colegios, como los de Andalucía o de la Comunidad Valenciana. O a los de Castilla y León, a los que se ha excluido de prestar la asesoría jurídica a las víctimas de violencia de género.
¿Está satisfecho con la solución que ha dado el ministro Catalá a la ley de Tasas?
El Consejo General de la Abogacía ha mostrado su "satisfacción parcial" porque una batalla, que ha durado tres años y que ha liderado la Abogacía Institucional absolutamente unida a todo el mundo jurídico, ha dado frutos concretos: que ningún ciudadano tenga que pagar tasas por acceder a la justicia. Pero desde la Abogacía continuaremos defendiendo, con todos los que nos quieran acompañar, que esa supresión se extienda también a todas las pequeñas y medianas empresas. Con ello se repararía la injusticia y se impulsaría el crecimiento económico y la creación de empleo en todos los ámbitos de las pymes.
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