La profesora de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, Myriam Cabrera, ha advertido en el Congreso de los Diputados de la «imprecisión» del término violencia vicaria y ha defendido la necesidad de establecer una definición «clara» en la legislación.
«La imprecisión del término violencia vicaria de la que he hablado, creo que puede solucionarse de una manera relativamente fácil mediante el establecimiento de una definición clara de lo que se va a considerar tal violencia en nuestra regulación», ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Asimismo, Cabrera ha señalado que cuando habitualmente se habla de violencia vicaria se está haciendo referencia a la violencia de género vicaria, aunque la violencia ejercida a través de una persona interpuesta también se produce en otros ámbitos distintos al de la pareja, como los delitos de amenazas o de torturas.
De la misma manera, ha destacado que el daño puede ejercerse a través de personas distintas de los hijos, como familiares, amistades o nuevas parejas, así como mediante mascotas u objetos con especial valor afectivo para la víctima.
Perspectiva de infancia y protección de los menores
Igualmente, ha destacado la importancia de que España cuente desde 2013 con datos desglosados sobre menores víctimas de violencia de género. Sin embargo, ha advertido de que catalogar estos casos exclusivamente como violencia vicaria puede llevar a «focalizar el problema de manera exclusiva o preeminente en la mujer como víctima».
Por ello, ha defendido que las políticas públicas dirigidas a combatir esta realidad incorporen un enfoque específico de infancia y sitúen el interés superior del menor como consideración «primordial». A su juicio, existe el riesgo de que las actuaciones terminen considerando a los menores «como una extensión de los derechos de su progenitora».
Cabrera ha subrayado, además, que los efectos de la violencia en el entorno familiar van más allá de los episodios concretos de agresión. Según ha explicado, «muchas veces» los menores que crecen en hogares donde existe violencia de pareja desarrollan situaciones de indefensión aprendida que pueden condicionar su desarrollo y aumentar su vulnerabilidad futura.
En este sentido, ha avisado de que estos menores pueden tener una mayor probabilidad de convertirse posteriormente en víctimas de violencia de género, pero también de sufrir otras formas de violencia, como el acoso escolar.
«Tenemos muchos recursos pero nos hace falta especializarlos, dar formación y, sobre todo, tener en cuenta aspectos como el rural, por ejemplo, personas con discapacidad, personas migrantes, colectivos especialmente vulnerables para que también a ellos lleguen los avances», ha concluido.
Las víctimas reclaman más protección y especialización
Por otro lado, han comparecido ante la comisión Itziar Prats e Isabel Gallardo, fundadoras del proyecto educativo y social ‘El latido de las mariposas’.
Prats, madre de Nerea y Martina, dos niñas asesinadas por su padre en 2018 durante un régimen de visitas, ha denunciado durante su intervención ante la comisión que «en numerosas ocasiones» las instituciones priorizan la relación paterno-filial frente a la seguridad de los menores.
«Estamos obligadas a proteger la vida, independientemente de quiénes seamos y cuáles sean nuestras creencias, pensamientos», ha insistido.
También ha defendido que el interés superior del menor debe situarse por encima de cualquier otra consideración y ha alertado de que, en muchos casos, los niños no son escuchados ni tenidos en cuenta en los procedimientos judiciales.
Según ha explicado, esto provoca que algunos menores se vean obligados a mantener contacto con progenitores condenados por violencia de género o a restablecer vínculos que nunca llegaron a existir.
Además, ha reclamado la incorporación efectiva de la perspectiva de infancia en todos los sistemas de valoración del riesgo, una mayor especialización de jueces, forenses, fuerzas de seguridad y servicios sociales, así como una mayor rapidez en los procedimientos.
«Cuando la vida está en riesgo, un minuto ya no es un minuto», ha subrayado.
Conciencia moral y educación frente a la violencia
Por su parte, Isabel Gallardo ha recalcado que «la violencia no es algo inocuo», sino «algo real e incómodo» que, a su juicio, «debería doler a todos y a todas para tomar conciencia moral».
Del mismo modo, ha reivindicado el papel de la educación para construir «una cultura de paz y no violencia», fomentar la empatía y promover nuevos patrones de conducta basados en la igualdad y el respeto.
Finalmente, ha demandado «más humanidad, más empatía, más bondad, más amor, más respeto, más sensibilidad, más feminismo, más igualdad, más coeducación, más justicia y sobre todo y por encima de todo más libertad».
