La atracción de inversión es uno de los objetivos comunes de las administraciones públicas, en la medida en que condiciona el desarrollo económico y la generación de actividad. Sin embargo, con frecuencia se aborda como una suma de instrumentos aislados —contratación pública tradicional, colaboración público-privada, compra pública de innovación, sistema de incentivos—, olvidando que su eficacia no depende únicamente de esos instrumentos en sí, ni siquiera de su combinación, sino, sobre todo y fundamentalmente, de la planificación de todos esos instrumentos de forma aislada y en su conjunto.
En la contratación pública, que es sin duda una de las herramientas más relevantes para la captación de inversión, el déficit de planificación se observa de una forma lacerante. Según el último informe del supervisor, referido al año 2024, el 95 % de las administraciones públicas no hacen planificación de la contratación, lo que significa, además de incumplir la ley, limitar la iniciativa económica. Concebida como palanca de actividad económica, el potencial de la contratación para atraer operadores y generar competencia depende directamente de la existencia de una programación clara, estable y accesible. Sin planificación, la contratación se convierte en una sucesión de actuaciones reactivas, difícilmente previsibles para el mercado. ¿Por qué en España quedan licitaciones desiertas, la concurrencia a los concursos es tan baja y hay tantos retrasos y desviaciones en la ejecución de los contratos públicos? En gran medida por un déficit de planificación en las licitaciones tradicionales.
Con la colaboración público-privada y la compra pública de innovación ocurre otro tanto de lo mismo. Su eficacia depende de la capacidad de anticipar necesidades y trasladarlas al mercado con suficiente antelación. Sin una planificación que identifique demandas futuras, la innovación carece de señales que justifiquen la inversión empresarial. Las administraciones incumplen incluso con la obligación de documentar las consultas preliminares al mercado, lo que además de generar cierta percepción de falta de transparencia, impide el efecto llamada sobre el capital. La planificación de las necesidades de servicios e infraestructuras públicas y de los instrumentos de contratación a través de los cuales va a abordarse es la clave para que los inversores se tomen en serio a una administración. Y junto a la planificación, naturalmente, la ejecución de la planificación. Pues de nada sirve si, como ocurre por ejemplo en la planificación hidrológica, lo que se plantea para un escenario temporal luego no se cumple.
Este mismo patrón de improvisación se reproduce en otros instrumentos. En el ámbito de las políticas de incentivos y subvenciones, la ausencia de planificación se traduce en convocatorias discontinuas, escasa visibilidad y limitada capacidad para influir en decisiones de inversión a medio plazo. Incluso los marcos regulatorios y las políticas de promoción territorial, orientados a mejorar el posicionamiento competitivo, pierden efectividad si no se insertan en una estrategia coherente y sostenida. Naturalmente, forma parte de la democracia el cambio político y, por tanto, la reorientación y definición de las prioridades, pero las democracias más avanzadas son aquellas en las que la alternancia no significa ruptura con lo anterior, sino suma a partir de un legado recibido.
La conciliación de la política y la gestión es probablemente uno de los retos más importantes para las administraciones públicas españolas, donde los funcionarios se pueden sentir cada vez más ajenos a la planificación cuando debería ser parte de una de sus atribuciones principales, al asegurar en los procedimientos la eficacia administrativa del gasto público, otro aspecto clave para generar previsibilidad y, por tanto, promover el desarrollo económico. Las decisiones de inversión se adoptan en función de horizontes temporales y expectativas de demanda. La publicación de programaciones —ya sea de licitaciones, ayudas o proyectos— permite anticipar oportunidades y reducir la incertidumbre. En ausencia de estas señales, el entorno se percibe como volátil, lo que tiende a retraer la inversión.
En segundo término, la planificación facilita un acercamiento progresivo entre Administración y mercado. La identificación temprana de proyectos y la comunicación de necesidades permiten a los operadores económicos dimensionar recursos, adaptar sus estrategias y evaluar riesgos antes de comprometer capital. Este proceso resulta especialmente relevante en sectores intensivos en inversión. Asimismo, la planificación contribuye a reforzar la transparencia y la confianza institucional. La disponibilidad de información estructurada reduce la asimetría informativa y limita la percepción de discrecionalidad. Desde la perspectiva del inversor, la credibilidad del entorno institucional es un factor decisivo.
Otro elemento relevante es su impacto en la eficiencia de los propios instrumentos públicos. La ausencia de planificación suele traducirse en baja concurrencia en licitaciones, incremento de procedimientos de urgencia, modificaciones contractuales o retrasos en la ejecución. Estas disfunciones no solo afectan a la gestión interna, sino que deterioran la percepción externa del mercado sobre la calidad del entorno inversor. Finalmente, la planificación permite alinear las distintas políticas en torno a una estrategia económica coherente. La coordinación entre contratación pública, incentivos, regulación e innovación resulta esencial para generar un ecosistema capaz de atraer inversión de forma sostenida. Sin una visión integrada, las actuaciones tienden a dispersarse y pierden capacidad transformadora.
En definitiva, la planificación no constituye un elemento accesorio, sino un factor estructural en la competencia por el capital. Los territorios que logran atraer inversión no son necesariamente aquellos con mayor volumen de recursos, sino aquellos que ofrecen un entorno previsible, transparente y creíble. Y ese entorno, en gran medida, depende de la capacidad de planificar.
