Práctica Jurídica

La Ley 6/2008, de 25 de junio, no sólo ha regulado la denominada "Sociedad Cooperativa Pequeña", sino que a través de su Disposición Adicional Cuarta modifica algunos preceptos de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. En concreto, modifica el régimen jurídico del fondo de educación y promoción cooperativa (arts. 67 y 68). Como veremos, la nueva regulación de este fondo parece dar una respuesta a una polémica cuestión: su naturaleza jurídica.

En Sentencia 199/2008, de 25-4-2008, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, examina un recurso de casación en el que el condenado...

La falta de depósito de cuentas en el Registro Mercantil impide la inscripción de cualquier acto salvo los expresamente previstos en la Le. De acuerdo con estas excepciones, es inscribible el cese de administradores pero no el nombramiento de los mismos.

El autor analiza, al hilo de la reciente STS de 17 de marzo de 2008, uno de los perniciosos efectos que la interrupción de la prescripción de la obligación tributaria del deudor principal  puede provocar en el responsable subsidiario.

La crisis inmobiliaria tiende a dejar un montón de perlas fantásticas en la prensa todos los días, y no podemos resistirnos a...

Normativa legal de carácter general sobre la comunicación de créditos que incluye a los de carácter laboral La existencia de diferentes normativas pude suscitar dudas sobre los Tribunales competentes para resolver sobre los créditos concursales de los trabajadores.

A la luz de las noticias que han circulado recientemente acerca del eventual ejercicio de acciones en los EEUU por parte de algunos afectados por el accidente de Spanair en Barajas, el autor de este artículo trae a colación un caso decidido por los tribunales norteamericanos con la finalidad de ofrecer algunos elementos de reflexión en este asunto.

Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial 

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ("TC") establece que la interpretación realizada por los tribunales ordinarios del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores ("ET"), en el sentido de exigir, para calificar de nulo el despido, que el empresario tuviera conocimiento del embarazo de la trabajadora, vulnera el artículo 24.1 de la Constitución Española ("CE"), en relación con el artículo 14 CE.