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Una década casi estéril de ley de dependencia

16 de Enero de 2017

Dicen las estadísticas que un 2,5% de las personas que residen en España tienen un reconocimiento estimado de dependencia aunque tan sólo una de cada tres de esas personas con status de persona con dependencia no percibe prestaciones o servicios del SAAD aunque parece que la Ley les da derecho a ello. La norma que regula esta situación es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. «BOE» núm. 299, de 15 de diciembre de 2006.Referencia: BOE-A-2006-21990. Como se observa lleva más de 10 años en vigor.

Ana María Castro Martínez,
Abogada especialista en discapacidad


Empezamos analizando el problema siempre endémico de la financiación. El Estado Central aporta menos de un 20% del total del gasto público aunque en la Ley dice que se repartirá entre el Estado y cada Comunidad Autónoma (El gasto público debiera distribuirse al 50% como la Ley ordena). En cuanto a los recortes, desde el 2012 el presupuesto ha decrecido en unos 3.000  millones de euros. Por otro lado, se ha retrasado la incorporación de las personas en situación de dependencia moderada hasta bien entrado el año 2015. Resaltar el dato del número de personas que han fallecido sin que las prestaciones o servicios que se les habían reconocido  se le hubiesen suministrado que rondan las 125.000 personas. Y si seguimos apuntando datos la cifra de de los que están en lista de espera para ser evaluado ronda las 400.000 personas. Sin contar con  que apenas  hay 30 trabajadores por cada millón de euros que se invierte en el sistema de dependencia, que hacen unos 250.000 personas de las que  casi en su totalidad son mujeres (más del 95%). A las cuidadoras no profesionales (familiares en su mayoría de las personas dependientes), con un despropósito sin igual, se les fue reduciendo la prestación económica así como la cotización a la seguridad social en el convenio especial de cuidadores no profesionales quedando así sin posibilidad de otro acceso al mundo laboral ni cotizar para su jubilación teniendo igualmente que seguir desempeñando el trabajo aunque sin remuneración ni cotización.

Por hacer otro apunte de la situación citar las largas listas de espera o la lentitud sobrepasada del sistema de dependencia o la tardanza en la ejecución de las prestaciones ya estimadas o las retiradas de prestaciones si la persona con dependencia está ingresada durante un tiempo resultando tedioso volver a recuperarla o los copagos. En nuestro Estado siempre a vueltas con la más que lenta burocracia.  Se quejan los usuarios que el tipo de prestación o servicio estimado tampoco es acorde en muchas ocasiones con la situación real de necesidad concreta de esa persona teniendo en general una sensación bastante desastrosa del sistema que no les soluciona los graves problemas que tienen. Y España es el país más envejecido de  Europa y el segundo del mundo.

La cuestión del territorio es otra lacra que tras 10 años no se ha resuelto, las desigualdades entre las Comunidades Autónomas son inmensas, van desde diferencias entre los servicios y prestaciones que cubren a su forma de gestionarlo. Asimismo se han reivindicado los derechos de estas personas a través de Tribunales lo que ha supuesto una inversión de esa familia en un largo y costoso procedimiento contencioso-administrativo que no siempre atiende a sus pretensiones, perdiendo un tiempo y un dinero quizás más efectivo invertido en la persona con dependencia.

En definitiva que no se ha cumplido la Ley en los últimos años. Quizás va siendo hora de que empecemos a darnos cuenta  que este colectivo necesita del cumplimiento en materia de  financiación  desde los Presupuestos Generales del Estado en el 50% que en su momento, al aprobar la norma con el consenso de  casi todo el arco parlamentario, era factible y creíble y cuasiposible.  Una llamada de atención desde aquí poniendo el punto caliente en que nuestra demografía tan envejecida nos necesita y existe Ley aprobada, una buena Ley, pero que se cumple sólo en un porcentaje mínimo. Todos seremos dependientes en algún momento y el Estado debe acogernos con el paraguas de esta Ley que abarca recursos, prestaciones, servicios para hacer la vida un poco más humana al colectivo de personas con  dependencia, a sus familias y a toda la sociedad.


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