Práctica Jurídica

Los dirigentes políticos de todo el mundo han dado muestras de entusiasmo con relación al futuro de la presente ronda de negociaciones de los países miembros de la los OMC, la ronda Doha. Sin embargo, si contemplamos el panorama político interno de Europa y Estados Unidos, un feliz desenlace en el corto plazo es poco probable.

Para que el contacto entre ambos países no ofrezca barreras lingüísticas, el diccionario jurídico Español – Japonés / Japonés – Español puede servir de gran apoyo.

El profesor de Derecho Público de la Universidad de Soka (Tokio), Fuminobu Okabe, habla sobre la situación legal en Japón, donde hay un abogado...

El profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Navarra, Nicolás Zambrana, habla del Arbitraje Internacional como mecanismo de protección de inversiones extranjeras. "El...

El profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Navarra, Nicolás Zambrana, habla del Arbitraje Internacional como mecanismo de protección de inversiones extranjeras. "El...

La Orden EHA/2444/2007 es la primera regulación existente sobre el modelo de Informe de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo de capitales. Aunque ha habido muchas quejas por parte de los sujetos obligados y de los expertos externos sobre el contenido de la misma, es cierto que va a permitir una homogeneización que hasta ahora era difícil de conseguir.

Los abogados son sujetos obligados de régimen especial por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Entre sus obligaciones se encuentran informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales cuando participan en determinadas transacciones de carácter financiero, sin ser esta obligación contraria al deber de secreto profesional.

La Orden EHA/1439/2006 establece la obligación de declaración de determinados movimientos de medios de pago, con carácter previo al movimiento. La obligación corresponde al portador de los medios de pago. El incumplimiento de esta obligación puede suponer la intervención por parte de las autoridades de los medios de pago intervenidos.

La Tercera Directiva Europea debería haber sido transpuesta al Ordenamiento Interno antes del 15 de diciembre del pasado año 2007. Si embargo, ni hay transposición a día de hoy, y, es más, parece que ésta se va a hacer esperar. Ante esta situación, los sujetos obligados se encuentran ante un vacío jurídico y aún más, con la presión adicional de que los organismos supervisores están exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Directiva en sus inspecciones.