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El Tribunal Supremo necesita un asesor de imagen

29 de Octubre de 2018

El 16 de octubre de 2018, la Sección 2ª de la Sala Tercera, de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Supremo dictó la ya famosa sentencia en “la crisis de las hipotecas”, sobre liquidación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario, por la que anula el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 828/1995 de 25 de mayo; y dando un bandazo en lo que hasta ahora venía siendo jurisprudencia, la sentencia afirma que el sujeto pasivo del impuesto no es el prestatario sino la entidad Bancaria que concede el préstamo.

Margarita Santana Lorenzo,
Socia directora de SANTANA LORENZO ABOGADOS


El caos social que provocó esta sentencia, cuando de forma inmediata los despachos de abogados anunciaron ofertas para interponer demandas masivas de reclamación del  impuesto, extendió el desconcierto de forma inmediata  a los apoderados bancarios que no sabían  qué hacer con operaciones ya aprobadas, a las gestorías que  las habían presupuestado, y a   los notarios que debían asesorar  a todos ellos.

Y las cosas empeoraron  cuando el  presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo contencioso adminisntrativo, Don Luis María Diez-Picazo publicó una nota por la que acordaba,  reunir al Pleno "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no Confirmado" "habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social",  lo cual a nuestro juicio  es un error provocado nuevamente por la presión de la ciudadanía, porque los jueces deben  impartir  justicia con independencia del eco social  que de ello se derive y de las instituciones que se vean afectadas.

Esta nota simple alcanzó a los ciudadanos provocando efecto dominó y la banca, que no había abierto la boca,  o mejor dicho no podía cerrarla una vez abierta con la sorpresa, se vió castigada con la especulación jurídica y   la caída de sus  acciones, en una semana negra con un costo para las entidades de  9.066 millones de euros, 1.295 millones diarios que podemos terminar pagando todos los españoles, porque la realidad es que sin los Bancos no hay hipotecas ni préstamos,  y sin préstamos y líneas de crédito nuestra economía no es sostenible, con independencia de lo que sentencie el Tribunal Supremo.

Pero el tsunami siguió creciendo  y el escracheo protagonizado por  más de 200 personas convocadas, al parecer por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, coreando consignas de "Algo huele mal en este tribunal", "Banqueros y jueces corruptos" o "Ahí en frente están los delincuentes", hizo que el ya de por sí  inexpugnable edificio del Tribunal Supremo tuviera que ser protegido con  más de ocho vehículos de antidisturbios y una veintena de agentes.

La inseguridad jurídica que ha provocado este paso atrás de un Tribunal tan inaccesible y parco en palabras como el Tribunal Supremo, disparó la alarma social obligando a su Presidente, Don Carlos  Lesmes, a entonar el "mea culpa" y dar explicaciones "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión",  "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos".

La convocatoria del Pleno de una Sala del Tribunal Supremo (art 197 LOPJ) no es cuestión habitual, quedando  supeditada a una necesidad objetiva de apreciación subjetiva "cuando el Presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de Justicia". En consideración  de lo cual estamos de acuerdo en que   la enorme repercusión social de una sentencia no es cuestión de administrar justicia, ni puede ser causa de la reunión "ex post" del pleno, tal y como ha denunciado algún partido político.  

Mientras tanto la Federación de Asociaciones Inmobiliarias nos avisa de que hay mas de 8.000 hipotecas paralizadas, en las que los compradores pueden comenzar a incumplir los plazos de los contratos de arras suscritos con los vendedores de las viviendas, y "podrían perder las cantidades entregadas en concepto de arras penitenciales si los bancos no reaccionan a tiempo".

Y en toda esta avalancha de desinformación nadie ha tenido la cordura de explicar a los ciudadanos que nuestro Tribunal Supremo no es el  "Z" justiciero que quita a los ricos para favorecer a los pobres, sino el encargado de velar por la aplicación de las leyes y la justicia .  Nuestros Tribunales se rigen por criterios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, y llevan mucho tiempo aplicando la Ley de Consumidores y Usuarios que proscribe las clausulas abusivas en cualquier tipo de contrato, devolviendo a los consumidores el dinero abonado por gastos de hipotecas que pasan a ser abonado por la entidades prestamistas, al declararse nulas las clausulas que pactaban quien debía de abonarlos.

En un Estado de Derecho es muy importante la seguridad y tener las cosas claras. La seguridad jurídica es un principio que se basa en la certeza del Derecho, la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados procurando la lucidez  y no la confusión normativa o jurisprudencial.

Por eso conviene aclarar que  lo que aquí se está debatiendo es fiscalidad. Si la ley no está bien hecha y el sujeto pasivo del impuesto tiene que ser otro, habrá que cambiar la ley en lugar de  amedrentar a los jueces o  azuzar a los pobres deudores hipotecarios a los que la sentencia del Supremo ha dado la razón.

El buen funcionamiento de la Justicia afecta directamente a la economía porque el inversor es miedoso, y el Tribunal Supremo necesita un asesor de imagen porque no se puede actuar así públicamente, tirando por tierra todo su prestigio e imagen.  No son los jueces sino los políticos quienes tendrán que ponerse las pilas, y cambiar la norma tributaria en lugar de querellarse contra Diaz Picazo,  ¿a qué esperan?.


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