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Artículos de Opinión

Impuesto y Seguridad Social: el ejemplo francés

16 de Mayo de 2008

Renaud Bourget,
es Docente e investigador de la Universidad Paris-Panthéon-Assas


Las formas institucionales del sistema francés de Seguridad Social han evolucionado muy poco respecto al modelo originario de 1945. Sin embargo, la generalización de la Seguridad social y la universalización progresiva de sus prestaciones paulatinamente han llevado a modificar su modo de financiación.

Tradicionalmente la Seguridad Social francesa se ha financiado mediante cotizaciones sociales basadas únicamente en los salarios. El llamado fenómeno de fiscalización de la Seguridad Social ha introducido grandes cambios, sobre todo a partir del establecimiento de la Contribución Social Generalizada en 1991. La financiación a través de cotizaciones se ha visto reducida a favor de los ingresos de naturaleza fiscal, lo que ha permitido ampliar la base de financiación de las prestaciones de solidaridad nacional. Este objetivo se ha logrado no sólo por la afectación directa de impuestos a la Seguridad Social -impuestos indirectos sobre el consumo de tabaco y alcohol, contribución social de solidaridad de sociedades, contribuciones impositivas sobre la industria farmaceútica-, sino también por una serie de reducciones de las cargas patronales que el Estado debe compensar íntegramente a través del presupuesto público.

Algunos empresarios y trabajadores han temido esta evolución por la supuesta amenaza que ello supondría a la Democracia Social. En efecto, la fiscalización podría desembocar en una gestión estatal de la Seguridad Social que tendría como consecuencia su exclusión de los Consejos de Administración de las cajas de Seguridad Social.

Sin embargo, otros opinan que la financiación mediante impuestos constituye un instrumento real de justicia social. La financiación de las prestaciones sociales universales no sólo corre a cargo de los trabajadores, sino de todos los contribuyentes. Además, implica un mejor control democrático de la Seguridad Social. En efecto, contrariamente a lo que sucede con las cotizaciones sociales, cuyo tipo de gravamen viene determinado por el Gobierno, esta solución implica a la representación nacional, en virtud de las exigencias del principio de reserva de ley. Resulta, a la vez, un mejor control democrático de la Seguridad social y una mayor intervención parlamentaria en esta materia, especialmente a partir de 1996 mediante la votación anual de una ley de presupuestos de la Seguridad Social.

Además, la generalización de las características técnicas de la Contribution Sociale Généralisée -retención en la fuente y sujeción de todas las rentas- permitirían modernizar el sistema fiscal francés. Este modelo ya se utilizó en 1996 para crear la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale -destinada a financiar la deuda de la Seguridad Social-. De hecho, algunos subrayan que se debería desarrollar aún más esta orientación a fin de lograr una fiscalización completa de las prestaciones sociales de familia y de salud. Esta es también una de las razones por las cuales la nueva mayoría parlamentaria francesa deseaba establecer el denominado "I.V.A. social", si bien las circunstancias politícas y el miedo a sus efectos inflacionistas finalmente no lo han permitido.


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