Práctica Jurídica

El trust es un instrumento económico y jurídico que goza de gran éxito en la práctica del mundo angloamericano y que no deja indiferentes a los juristas del derecho europeo continental. Una de las razones de su atractivo radica en su estructura simple, ágil y flexible, que permite cumplir múltiples funciones y ajustarse, en cada momento, a las circunstancias personales y patrimoniales de sus protagonistas.

A partir de una estructura sencilla y ágil donde las posiciones de settlor, trustee y beneficiario pueden superponerse, sin llegar a confundirse, la figura del trust presenta infinidad de variantes en lo que respecta a los poderes y funciones de cada uno de los sujetos intervinientes. Éstos poderes dependen en gran medida de la finalidad perseguida por el constituyente con la creación de la figura (comercial, fiscal, sucesoria, familiar u otra) y de cuales sean las circunstancias personales y patrimoniales que atraviesan sus protegonistas en cada momento.

La propia  Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, en su preámbulo, informa del abandono de la distinción tradicional entre arrendamientos de vivienda y arrendamientos de negocio y asimilados.

El trust es un instrumento plurifuncional, susceptible de múltiples aplicaciones prácticas. Una de ellas es la protección de menores y personas en situación de dependencia. A través del trust se puede conseguir una eficaz gestión patrimonial a favor de menores o personas dependientes y planificar cuál será el destino final de los bienes que se administran en su beneficio.

El instituto angloamericano del trust permite regular la sucesión del patrimonio familiar durante varias generaciones, asegurando su permanencia dentro de la familia. Ofrece igualmente la posibilidad de posponer en el tiempo la elección de los destinatarios finales y la medida de su participación en los bienes del fondo, pudiendo así valorar circunstancias desconocidas en vida del causante.

Por medio del trust se aislan los bienes transmitidos al fondo de las deudas personales que no responden al cumplimiento de la finalidad fiduciaria. En Estados Unidos, la inserción de una cláusula spendthrift permite además prevenir transmisiones, voluntarias o involuntarias, del derecho de los beneficiarios. En Inglaterra, con el protective trust el derecho del beneficiario se extingue o transforma cuando se produce alguna circunstancia que lo hace peligrar.

Se debe reflexionar acerca de la aparición de entidades cuyo propósito es financiar y refinanciar préstamos como consecuencia lógica del desarrollo que en los últimos años ha sufrido el acceso al dinero en España. Algunos consumidores creen que una salida rápida al endeudamiento es la de responder con más endeudamiento y, por ello, acuden a entidades financieras o intermediarios que, en ocasiones, ante la precariedad y bajo nivel de exigencia de sus clientes, operan sin demasiadas garantías para los consumidores de este tipo de productos. Sin duda, se hace necesaria una regulación de la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito que, con independencia del control que, en su caso, ejerza el Banco de España, regule las relaciones entre los consumidores y los prestadores de estos nuevos servicios.

A lo largo de esta década, China se ha marcado la meta de llegar a establecer un Estado de Derecho. Para ello, existen dos aproximaciones contrapuestas. El autor nos presenta una oportuna comparación entre Hong Kong y la situación en la China continental.

El recargo de prestaciones por incumplimiento empresarial de las obligaciones preventivas que causa un accidente de trabajo o una enfermedad profesional es una de las medidas de mayor repercusión sobre la economía de la empresa en caso de siniestro laboral. Regulado por el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social supone la imposición al empresario infractor de un montante ecónomico equivalente a un porcentaje que oscila entre el 30 al 50% sobre las prestaciones que recibirá el trabajador o su beneficiario a resultas de la contingencia profesional.