Práctica Jurídica

El autor valora positivamente la futura supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque advierte que se debe efectuar con profesionalidad y sin ignorar los aspectos positivos que dicho tributo presenta en el conjunto de nuestro sistema fiscal.

La República Popular China se ha convertido en el nuevo caballo de batalla de la clase política estadounidense. Una ola de neopopulismo antiglobalizador, proveniente de ambos extremos del espectro político norteamericano, alarma a la opinión pública señalando los supuestos peligros que nacen de la sed de mercados del gigante asiático.

Cada vez con más frecuencia se presenta el supuesto en que el Estado tiene deudas tributarias (o de Derecho público) contra otros entes públicos que, a su vez, también son acreedores de aquél, suscitándose la duda de si el Estado puede iniciar directamente la vía de apremio o debe antes proceder a la compensación de oficio.

La eclosión normativa en materia de consumo acaecida en las últimas décadas ha sido estructurada de forma diferente en los distintos Estados de nuestro entorno. En resumen, la citada normativa se ha organizado utilizando hasta tres modelos distintos, en función de si existe un único texto legal que contiene todas las normas protectoras del consumidor (a modo de Código del consumidor), de si existen una ley general y varias leyes o normas especiales, o de si coexisten sin más numerosas leyes o normas especiales. El Legislador español se situaba claramente en el ámbito del segundo de los modelos aludidos hasta que, en fechas recientes, parece que ha dado un paso, por limitado que éste sea, hacia la “codificación” en materia de consumo.

El autor analiza si procede la inclusión del recargo ejecutivo reducido del 5%, que nace al iniciarse la vía ejecutiva, cuando el Estado opera la compensación de oficio con otros créditos que el ente público deudor pueda tener contra él.

El término “consumidor” o “consumidor y usuario” no es unívoco. A la luz del contexto en el que éste se emplee puede responder a una idea o a un significado distinto. Desde un punto de vista estrictamente jurídico el concepto de consumidor tampoco es unitario, por lo que habrá que acudir a cada norma concreta en materia de consumo a fin de conocer quiénes son los sujetos protegidos por la misma.

La Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal introdujo un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria en el IVA, con el fin de combatir un tipo de fraude que se ha extendido de forma preocupante entre los países de la Unión Europea. El autor analiza con sentido de síntesis el alcance y contenido de esta clase de responsabilidad tributaria.

El aspecto sustantivo y el procesal en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios deben discurrir en paralelo. En efecto, el hecho de que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios hubiera puesto la primera piedra a fin de proporcionar a éstos una sólida posición, reconociéndoles derechos y acciones, hubiera tenido mucha menos eficacia si no hubiera ido acompañada de la articulación de cauces adecuados para hacerlos valer, como, sin duda, lo es el procedimiento arbitral de consumo.

Con apretado sentido de síntesis, el autor continúa analizando críticamente el nuevo supuesto de responsabilidad tributaria que introdujo en el IVA la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal.