Opinión

El autor reflexiona sobre el futuro del Derecho y sobre la necesidad de crear un sistema flexible y armónico que contribuya a crear una sociedad más justa, pero no más "enredada".

El proceso de reestructuración, desarrollo y crecimiento de la economía  europea se basa, fundamentalmente, en las Sociedades privadas (PYMEs). Tras la experiencia de la Sociedad Anónima Europea, el Legislador europeo está impulsando la creación de un nuevo tipo societario, la Sociedad Privada Europea, que pueda operar uniformemente en todos los países de la UE.

El autor analiza críticamente la resolución del tribunal de Nueva York que declara su incompetencia para conocer sobre el caso del Prestige señalando como foro competente el del Estado contratante afectado por la polución, es decir, España.

La autora sale en defensa de los animales oponiéndose al uso de expresiones poco acertadas, por más que hayan sido aprobadas por las Reales Academias de la Lengua.

El autor considera que, a pesar de las buenas intenciones del Grupo de Estudios de Política Criminal, las medidas para atajar la corrupción urbanística han de estar acompañadas de un rediseño del modelo de financiación de los ayuntamientos.

El autor señala que la última decisión del Tribunal Supremo es un punto de inflexión en la intromisión de la política en los altos...

En este artículo se pretende demostrar cómo los criterios económicos están desplazando a los jurídicos en nuestro sistema fiscal, de tal modo que la justicia tributaria queda en muchos casos postergada. Un claro ejemplo de ello lo constituye la tributación de los rendimientos de capital mobiliario en el IRPF.  

Avanzando por la dirección trazada en el artículo anterior, ahora se demuestra cómo los criterios políticos desplazan a los jurídicos, generando en muchos casos situaciones que colisionan con la justicia tributaria. Un botón de muestra lo constituye la fiscalidad de las sucesiones y donaciones en las diversas CC.AA.

El Estatut de Cataluña, recurrido ante el Tribunal Constitucional ―que aún tiene que resolver―, introduce la exigencia de acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes, lo que, dependiendo de cómo se interprete tal requerimiento, puede crear de hecho una barrera excluyente de acceso al cuerpo notarial.